
Este mediodía, la Procuraduría Social (Prosoc) de la Ciudad de México, uno de los organismos sectorizados a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, presentó las metas para el 2021 del Programa de Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales (RIPUH), que fortalece el derecho a una vivienda digna a través del mejoramiento de espacios comunes, fomentando la convivencia y organización entre vecinos.
Durante la habitual conferencia de prensa de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la procuradora social capitalina dio a conocer que para este año se tienen destinados 240 millones de pesos, con lo cuales se tiene programado beneficiar a 850 unidades habitacionales que nunca antes hayan recibido este apoyo y presenten mayor deterioro en sus áreas y bienes de uso común, de alto grado de vulnerabilidad.
Lo anterior representa que se apoyarán a alrededor de 272,000 personas distribuidas en 80,000 viviendas de 15 alcaldías de la Ciudad. Cabe mencionar que la única demarcación a la que no se les está brindando esta ayuda, porque de acuerdo con la procuradora social, Patricia Ruiz Anchondo, no hay unidades habitacionales de interés social, es Milpa Alta.
Además, este año se pretende atender conjuntamente con la Comisión para la Reconstrucción a las unidades multifamiliares que sufrieron daños con el sismo del 2017 y que requieren mantenimiento mayor, que no está contemplado en el catálogo de conceptos de la Comisión.

“Estos conjuntos no son de interés social pero tienen población vulnerable, ¿población vulnerable a qué me refiero? A que son personas adultas mayores, jubilados, pensionados y no les alcanza para hacer este tipo de trabajos y se les va a apoyar con los recursos de este año”, aclaró la funcionaria.
Por otro lado, dio a conocer los resultados del mismo programa durante el 2020, donde con el mismo recurso se benefició a 611 unidades habitacionales, equivalentes a 89,430 viviendas y en donde residen 304,062 personas, de las mismas 15 alcaldías de la capital mexicana.
Los trabajos se llevaron a cabo fueron en infraestructura hidráulica y sanitaria, con 31%; pintura e impermeabilización, un 6%; escaleras y la herrería, 16%; cuidado del medio ambiente un 6%; y calles y andadores, equipamiento urbano, estructuras, problemas estructurales en los edificios, sistemas de seguridad, infraestructura eléctrica y de gas, mejoramiento de imagen urbana, celdas de cimentación y elevadores con un 21%.
Ruiz Anchondo señaló que en el 2018 la Prosoc tenía un padrón de sólo 33 empresas para realizar las obras en las unidades habitacionales de la Ciudad, pero en el 2020 se amplió a 240 empresas para agilizar la aplicación de los recursos y “ampliar la derrama económica a más empresas y generando más empleos”.

Por otro lado, la titular del organismo sectorizado informó que, en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, a la fecha van más de 10,000 llamados por fiestas en Unidades Habitacionales, sin embargo ninguna de éstas ha derivado en una sanción.
“En la Procuraduría Social recibimos muchas llamadas y quejas en relación con esta actividad, nos estamos coordinando con el C5 para poder atender estas llamadas, porque la Procuraduría Social no tiene atención las 24 horas y esta incidencia se da por lo general en las noches. Estamos canalizando las llamadas al 911. Nosotros registramos más de 10,000 llamadas hasta el momento”, explicó.
Detalló que la procuraduría depende de un procedimiento que el C5 debe iniciar para que se puedan aplicar multas.
“Tenemos como institución la posibilidad de sancionar administrativamente a los que alteren la vida en el condominio, pero hasta la fecha no nos han enviado ninguna solicitud”, agregó.
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