Una de las críticas más fuertes que han hecho expertos y pueblos originarios del sureste mexicano a la construcción del “Tren Maya”, el proyecto de transporte y turismo insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, es la enorme afectación ambiental en la región.
Y es que si bien el Gobierno Federal aseguró que el tren traerá desarrollo urbano y económico a varios estados, también está invadiendo el hábitat de la fauna silvestre.
De acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur), hasta este enero de 2021 se han reubicado al menos 432 ejemplares en 48.7 kilómetros del proyecto en el tramo tres de Yucatán; esto como parte de las medidas consideradas en los planes de manejo de especies en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en diciembre de 2020.
La dependencia indicó que se “encontraban fuera de su hábitat y fueron reinsertados en su lugar de origen”; sin embargo, expertos señalaron que en realidad las obras de construcción irrumpieron sus ecosistemas actuales, pues se tratan de animales que por sus características se adaptaron a esos entornos.
Según el biólogo Enrique Jesús Castellanos Zapata, residente de medio ambiente del Proyecto del Tren Maya, tramo tres, las especies reubicadas se tratan de aves, reptiles, anfibios y mamíferos:
El especialista indicó que actualmente, los ecosistemas por donde pasará el Tren Maya presentan problemas a causa de las “actividades productivas propias de la zona”, por lo que establecen acciones para preservar a las especies de fauna existentes.
La construcción del Tren Maya comenzó en junio de 2020, recorrerá a partir de 2023 cerca de 1,554 kilómetros en siete tramos con 19 estaciones para transporte de pasajeros locales, turistas y carga en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El Gobierno estima una inversión total de más de USD 6,294 millones para la obra, de los que este año se ejecutarán más de USD 2,092 millones y la creación de 80,000 empleos con la construcción de los primeros cinco tramos.
A este estimado, se añadirían 715,000 nuevos empleos de aquí a 2030 en los 16 municipios que tendrán una estación de ferrocarril y otros 150,000 empleos asociados en la economía rural, para totalizar casi un millón, según un estudio del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).
Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas también anticipó un incremento del 28 % de la población originaria ocupada con respecto a 2015, al estimar que 46 de cada 100 personas empleadas serán de comunidades indígenas.
No obstante, Alberto Velázquez, antropólogo maya y miembro de la asociación civil Indignación, cuestionó la calidad de los trabajos que tendrán los pobladores originarios en una reciente entrevista para la agencia EFE:
Enfrentan una nueva suspensión de obras
Una nueva suspensión provisional a las obras del Tren Maya fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administración con sede en Yucatán; sin embargo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aclaró que esta interrupción no es permanente y permanecerá hasta la audiencia incidental; “estamos tranquilos porque Fonatur siempre ha actuado de acuerdo con la Constitución y a las normas vigentes”¿, dijo la dependencia.
El anuncio es respuesta a una queja del Fonatur, presentada en contra de un amparo interpuesto por organizaciones civiles para frenar la obra y que fue ganado el 20 de enero de este año.
El Centro de Justicia y el Derecho Internacional, Kanan Derechos Humanos y Múuch’Xiinbal son algunas de las organizaciones que, a nombre de las comunidades originarias del sureste del país, presentaron las denuncias debido a que consideran que la construcción del proyecto haría daño al medioambiente.
En días pasados, Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, comentó que los amparos sólo afectan a tramos del 10% de la infraestructura para el Tren Maya, debido a que el resto se construye sobre vías ya existentes, por lo que las denuncias no proceden.
“Es importante destacar que el sureste apoya el proyecto y los esfuerzos legales para detenerlo responden a intereses individuales y no a la voluntad de las comunidades. Los pueblos originarios no están detrás de los recientes amparos. Se trata de organizaciones con una estrategia mediática y una agenda política”, comunicó la dependencia ante el anuncio.
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