Ante los reportes de desabasto este lunes 4 de enero, la empresa paraestatal del gobierno mexicano, Liconsa emitió un comunicado en el que informó que no existe desabasto de leche, pero que sí hubo un retraso en la repartición del producto en la Ciudad de México.
“El Programa de Abasto Social de Leche continúa distribuyendo leche fortificada subsidiada a las poblaciones más vulnerables del país de acuerdo a su padrón de beneficiarios, buscando reducir la pobreza alimentaria. El lunes 4 de enero se presentaron retrasos menores en el surtimiento de algunas lecherías de la zona norte del área metropolitana de la Ciudad de México, situación que se estima sea subsanada en un plazo no mayor a 48 horas”, explicó la empresa a través de un comunicado de prensa.
No obstante, este martes las quejas acerca de la falta de producto se hicieron evidentes a través de redes sociales. Usuarios de Twitter denunciaron que los centros de distribución de la empresa de la Ciudad de México y el Estado de México.
Los centros que no abrieron en la capital estaban en las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo A. Madero. Mientras que los que no abrieron en el Estado de México, se encontraban en en el municipio de Naucalpan.
Un trabajo a una compañía sin experiencia
La compañía dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, otorgó dos contratos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estos tienen una vigencia de cinco años, que implican un pago por hasta 4,000 millones de pesos para procesar y vender leche, pese a no tener experiencia en el ramo.
Alejandro Puente Córdoba, empresario de telecomunicaciones ligado a presuntos actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón, recibió con tan sólo cinco días de diferencia dos contratos.
Puente Córdoba creó Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV el 11 de noviembre de 2014 como una empresa de la construcción y fue hasta el 3 de diciembre de 2018 –a los dos días del cambio de gobierno- cuando se añadió a su objeto social que también se dedicaría a la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos.
El 12 de diciembre de 2019, a un año de haber cambiado de giro, Grupo Vicente Suárez 73 firmó un convenio con Liconsa para que procese como mínimo 400,000 litros de leche al día en una planta que se construirá en Tabasco. Cinco días después, el 17 de diciembre, se firmó un segundo convenio con la misma empresa, con idénticas características de volumen, pero esta vez para una planta procesadora que se construirá en Zacatecas, informó una investigación desarrollada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Ambos convenios fueron firmados por Alejandro Armenta Peralta, abogado y apoderado legal de múltiples negocios de Puente Córdoba desde 2012.
Los convenios tienen vigencia de cinco años a partir de su firma, y en los mismos se establece que será hasta diciembre de 2021 cuando inicien operaciones las plantas procesadoras de leche del Grupo Vicente Suárez 73 en Tabasco y Zacatecas.
Sin embargo, en los convenios hay una cláusula que permite a la empresa vender a Liconsa leche procesada desde el momento de la firma (diciembre de 2019), vía la subcontratación con otras compañías ya establecidas que cuenten con la infraestructura necesaria.
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