La suspensión de plano otorgada a Édgar Pineda Celis, uno de los presuntos líderes del Cártel Guerreros Unidos (CGU), frenó por el momento su extradición a Estados Unidos: es requerido por una Corte Federal del Distrito Norte de Georgia, donde enfrenta cargos por delitos contra la salud y asociación delictuosa.
El juzgado décimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México otorgó la suspensión. El juez federal, en su dictamen, declaró que las autoridades correspondientes deberán adoptar todas las medidas que consideren necesarias para siempre salvaguardar el orden público y la seguridad del lugar donde se encuentre Pineda Celis.
“Es decir, si las autoridades responsables contaran con información distinta a la proporcionada por el promovente que revelara algún grado de peligrosidad del quejoso, en ese sentido deberá adoptar las medidas necesarias a fin de que se proteja tanto la integridad del agraviado como el orden público y seguridad del sitio en el que deben de ser internado”, señaló, de acuerdo con La Jornada.
En el dictamen también se especificó un plazo de cinco días a partir de que se de la notificación para que el presunto culpable aclare la solicitud de amparo a si es su deseo señalar, como autoridad responsable, a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
La Fiscalía General de la República (FGR) y del estado de Quintana Roo capturaron a Édgar Pineda Celis en abril de este año cuando circulaba por calles de Bacalar: poseía cinco envoltorios con cocaína.
De acuerdo con las investigaciones judiciales, Pineda Celis está involucrado en la organización del tráfico de drogas, principalmente metanfetamina, en la ciudad estadounidense de Atlanta.
El medio afirmó que, además de pertenecer al Cártel Guerreros Unidos, también actúa como aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Pineda Celis, debido a los cargos por delitos contra la salud y asociación delictuosa, está sujeto a una orden de detención provisional con fines de extradición. Se mantiene preso en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, a la espera de que se concluyan los trámites legales para ser entregado a las autoridades en Estados Unidos.
Además de estar presuntamente involucrada en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la organización también estuvo bajo la investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).
Tras la desaparición de los estudiantes en 2014, Adam J. Stachecki, agente de la DEA, presentó una queja judicial (14CR705) en el distrito norte de Illinois en 2015, de acuerdo con una investigación de Víctor Hugo Michel, periodista de Milenio.
En el documento se relata cómo Guerreros Unidos logró controlar todos los pasos de la cadena productiva de heroína. Controlaron la siembra, producción y transporte de la droga, hasta su distribución a narcomenudistas en la ciudad de Chicago.
En agosto de 2013 fue cuando comenzó el negocio de los narcotraficantes. De la mano de Pablo Vega Cuevas, alias El Transformer, la pequeña organización se estableció en la ciudad de los vientos.
Ahí “trabajó con varias fuentes para importar grandes cantidades de heroína y cocaína de México a Illinois y coordinó la distribución y la recolección de las ganancias en Chicago a nombre de Guerreros Unidos”, según se define en la causa judicial de uno de los juicios en Estados Unidos contra la organización.
La DEA supo de las operaciones por un informante que accedió a proporcionar detalles de las operaciones internas. Desde entonces, desde el 20 de agosto de 2013 y hasta el 8 de diciembre de 2015, la agencia mantuvo un monitoreo constante sobre las comunicaciones de Vega y sus colaboradores.
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