El pasado tres de noviembre la Comisión de Justicia del Congreso del Estado Tamaulipas discutió las reformas al Código Penal de la entidad para tipificar como un delito sancionable el que alguien obligue o condicione a alguna persona para que firme documentos en blanco.
A partir de la iniciativa propuesta por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), aquellas personas que incurran en estas acciones podrá recibir una sanción de entre 6 meses y 5 años de prisión y una multa de 100 a 200 veces el valor de la de medida de actualización, es decir, entre 8,688 y 17,376 pesos mexicanos aproximadamente.
La Comisión de Justicia está conformada por el presidente de la comisión, Felix Fernando García Aguiar del PAN; la Secretaria de la comisión, Esther García Ancira del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena); y sus vocales, Francisco Javier Garza de Coss (PAN), Sara Roxana Gómez Pérez (PAN), Eliur Oziel Almaguer Aldape (Morena), Yahleel Abdala Carmona (Partido Revolucionario Institucional) y Eulalia Judith Martínez de León (PAN).
Durante la sesión, la comisión resaltó la importancia de esta reforma pues, según explicó su presidente Felix Fernando, aunque ya se encontraba regulada la falsificación de papeles en el Código Penal del estado, no había sanciones en específico para la coerción de personas para que firmen documentos en blanco con tal de obtener algún empleo.
Yahleel Abdala, por su parte, coincidió en la importancia de la reforma. Durante su participación en la reunión denunció que en las obras que el gobierno federal está destinando a algunas escuelas del estado, se les está obligando a las inspectoras y directoras de obras hojas en blanco:
“Por parte del gobierno federal con las obras federales que están haciendo en las escuelas, están haciendo firmar en blanco a las inspectoras, y a las directoras de las obras que les van a hacer cuando ni siquiera las han realizado, yo les comentaba que ese es un delito, y que no deben de permitirlo”, explicó la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La denuncia de este presunto supuesto delito contribuyó a aclarar que las sanciones promovidas desde la comisión serán aplicables tanto para entes privados como públicos. De hecho, en el artículo 251 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, se apunta que, en caso de que las persona que de a firmar las hojas en blanco o que falsifique documentos, sea un servidor público, “la sanción que se le imponga se aumentará hasta una mitad más de la misma, así como también, será inhabilitado de su cargo por un tiempo igual al que dure la sentencia impuesta”.
De tal forma que las y los diputados de la sesión coincidieron en que estas reformas al Código Penal no sólo darán mayor protección a las y los trabajadores de Tamaulipas, sino que también contribuirá al combate a la corrupción en sus eslabones más básicos.
También aclararon que, aunque según las y los diputados este tipo de ilícitos ocurren en su mayoría cuando una persona acude a solicitar un trabajo, esta ley protegerá a las y los trabajadores en todo momento. Por lo que, aún cuando ya lleve tiempo laborando en alguna empresa, si le obligan o condicionan a firmar documentos en blanco, siempre podrá recurrir a este recurso legal para denunciar y protegerse.
Incluso se añadió por la diputada Esther García, que a la hora de la denuncia, los peritajes podrían analizar la tinta de los documentos para comparar la antigüedad de las mismas; “pero ya sería en cuestiones procesales que se pueda establecer como una defensa”, apuntó.
La medida fue aprobada de manera unánime por la comisión.
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