A pesar de haber iniciado como un grupo que coordinaría acciones para combatir al COVID-19 en el noreste de México, la alianza federalista creció rápidamente al congregar criterios opuestos al del presidente Andrés Manuel López Obrador y pronto manifestaron una agenda política y económica ajena a la 4T.
Hoy, con 10 integrantes, los llamados “gobernadores rebeldes” hacen hincapié en temas más allá de los sanitarios, pues ahora velan por los recursos económicos con los que pretenden promover su propia gestión dentro de los estados que gobiernan.
A través de un comunicado oficial y en coordinación de esfuerzos, Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León; Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Rosas Aispuro, de Durango; Silvano Aureoles, de Michoacán; Enrique Alfaro, de Jalisco; José Ignacio Peralta, de Colima; Diego Sinhue, de Guanajuato; Javier Corral, de Chihuahua; y Martín Orozco, de Aguascalientes, suscribieron que se revise el esquema de distribución en la coordinación fiscal, el llamado “pacto fiscal”, esto con la intención de que “ningún estado del país puede recibir menos recursos en términos reales que en el año 2020”.
En el escrito reconocieron que, derivado de la presencia del COVID-19 en la república mexicana, la recaudación federal disminuyera, por lo cual estiman que el próximo año será “extremadamente complicado para las finanzas estatales y municipales. El contar con los mismos recursos por parte de la federación para los estados permitirá atender las necesidades prioritarias de la población en áreas como salud, seguridad, educación e infraestructura y fomentar la reactivación económica nacional”.
Otras cosas que solicitaron fue la creación de un fondo de recursos para atender la pandemia en 2021, pues por el combate de la misma durante 2020 estos recursos se redujeron. También solicitaron la creación de un fondo de estabilización cuya finalidad sea respaldar los recursos obtenidos por tributos en caso de que no se llegue a la meta de la Recaudación Federal Participable. Para materializar este último punto, la Alianza Federalista propone utilizar los remanentes de operación del Banco de México (Banxico) y/o los subejercicios del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año y del que viene.
Aunado a esto, solicitan que se realice a la brevedad la distribución geográfica de recursos que estén pendientes por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como la creación de proyectos de infraestructura que tengan impacto positivo en los estados para iniciar adecuadamente la reactivación económica.
Cabe recordar que el llamado pacto fiscal tiene 13 años de existir en México, pues fue promovido en 2007 por la administración de Felipe Calderón. Ante este hecho, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), manifestó su extrañamiento en redes sociales.
“En días recientes se ha desatado una discusión muy agitada sobre el tema de la coordinación fiscal. Me parece sano que haya una deliberación ordenada sobre esto, pero para que sea exitosa necesitamos tener los hechos claros. Aquí un par de observaciones: Contrario a lo que se ha señalado, el acuerdo fiscal prevaleciente no fue establecido por esta administración, sino producto, fundamentalmente, de la reforma de 2007, impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón. Por eso, aunque yo evito politizar estos temas, no deja de sorprenderme que algunos de los cuestionamientos más recurrentes a este arreglo provengan de miembros del PAN”, publicó el secretario federal en su cuenta de Twitter.
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