Los efectos de la pandemia por COVID-19 pueden aumentar las cifras de inseguridad alimentaria en México

Las consecuencias de la pandemia ocasionada por el contagio del virus Sars-Cov-2 se han observado en numerosos campos. Sin embargo, uno de los más alarmantes es el aumento de la pobreza alimentaria. El tema fue discutido en la mesa redonda “Pobreza alimentaria ¿El verdadero efecto de la pandemia en México?”, organizada por la Fundación Alsea y que congregó a expertos en el tema.

El acceso a la alimentación es una de las dimensiones a través de las cuales se mide la pobreza en México. En el año 2018, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL), solamente el 56.5% de la población en México contaba con seguridad alimentaria y dieta diversa. Aunque dicha cifra representó un aumento del 3% con respecto al año 2014, resulta evidente que antes de la pandemia existía una gran cantidad de personas sin esa certeza.

Durante su intervención en la mesa Julio Santaella Castell, presidente de la junta de gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señaló que las crisis, como la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19, impactan en mayor medida a la población que cuenta con una menor de red protección y son más vulnerables.

Uno de los efectos más evidentes de la pandemia ha sido la cantidad de personas desempleadas. En ese sentido, el INEGI realizó una consulta a diversas empresas, en los meses de abril y mayo de 2020, para determinar el impacto que habían sufrido durante la pandemia. El 93.2% de las empresas encuestadas reconoció haber sido afectada. De igual forma experimentaron una reducción del personal del 44.9%.

Los despidos impactan directamente en el bienestar de los hogares, pues representan las dos terceras partes del ingreso económico mensual de las familias en el país. De igual forma el 10% más pobre de la población en México destina la mitad de su ingreso mensual a la compra de alimentos, bebidas y tabaco. De esa forma, al dejar de percibir un ingreso mensual fijo, las cifras de inseguridad alimentaria podrían aumentar durante, e incluso después de la pandemia.

INEGI define a la inseguridad alimentaria como “la disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos; o la capacidad limitada e incierta de adquirir alimentos adecuados en formas socialmente aceptables”.

Hasta 2018, año del último registro, el 30.9% de los hogares del medio rural se identificaron con seguridad alimentaria. Del resto de los hogares, una décima parte se catalogó en el nivel de inseguridad alimentaria grave, el 17.7% moderada y el 40.7% con inseguridad alimentaria leve.

Linah Pohl Alfaro, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), dijo que el hambre en América Latina y el Caribe ha aumentado progresivamente durante los últimos 5 años. Tan sólo en 2019 afectó a 47.7 millones de personas en la región, el equivalente al 7.4%. De acuerdo con dicha tendencia, y considerando las afecciones del COVID-19, a finales de 2020 podría haber un aumento de 130 millones de personas afectadas por el hambre en el mundo.

La región de América Latina y el Caribe, de acuerdo con Pohl Alfaro, es la más cara del mundo para adquirir alimentos sanos y nutritivos y, desde luego, “contrasta con ser la región del mundo más biodiversa”. Ello está relacionado con el contacto indirecto de consumo de las grandes empresas a productores locales, pues los productos encarecen y, la mayoría de la veces, los productores no reciben un pago justo por las materias primas.

Considerando dichos factores, luce complicado conseguir el segundo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual se propone erradicar el hambre en el mundo.

Ivonne Madrid, moderadora de la mesa y directora de la Fundación Alsea, reconoció que el panorama alimentario previo a la pandemia por COVID-19 estaba empeorando. De hecho los efectos de la pandemia pueden “retrasar hasta 13 años el progreso que se había logrado”.

La representante de la FAO recalcó que, además del esfuerzo que se hace a través de sus fundaciones, es necesario el compromiso de las empresas para que sus políticas de consumo se centren en beneficiar a las familias de las regiones locales. De igual forma reconoció que las políticas públicas, como el nuevo etiquetado de productos, así como las medidas tomadas por las autoridades ante la pandemia, como no aumentar las medidas de confinamiento, son medidas que pueden ser benéficas hacia el objetivo de reducir las cifras de inseguridad alimentaria y desnutrición.

Por último, los integrantes de la mesa coincidieron en que es necesario que los gobiernos, la iniciativa privada y la sociedad civil se involucren y unan esfuerzos para disminuir los efectos negativos de la pandemia en materia alimentaria.

En la mesa también participaron el Dr. José Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, así como el Dr. Héctor Nájera Catalán, investigador asociado al Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM.

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