“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, es una de las frases características del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la que reitera, cada vez que puede, que una de las premisas principales de su gobierno –al que llama la Cuarta Transformación–, haciendo especial énfasis en la palabra austeridad como su bandera.
No obstante, una investigación del semanario Proceso revela otra realidad: 360 altos funcionarios a quienes se les ha encomendado la implementación de la 4T tienen ingresos netos 33 más altos que el ingreso laboral promedio, que son unos 6,250 pesos al mes. Así, estos funcionarios cuentan con patrimonios totales que los ubican dentro del 1% de la población más privilegiada de todo el país.
La investigación realizada por ese medio está basada en los perfiles académicos, las trayectorias laborales y las declaraciones patrimoniales de los 360 dirigentes de estructuras administrativas de primer nivel, mismas que manejan presupuestos y equipos de trabajo propios.
Según apuntan, las declaraciones patrimoniales que los mismos integrantes del gobierno pasaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) arrojan un ingreso neto promedio de 2 millones 329 mil pesos anuales, que serían unos 194 mil pesos mensuales, en 2019. De esa cantidad, reportan, un millón 361 mil pesos provenía de su nómina en el gobierno federal mientras que los otros 968 mil pesos eran de actividades privadas.
Proceso también destacó que dentro de la misma cúpula de burócratas hay grandes brechas de desigualdad. “Mientras más de la mitad de los burócratas sólo cobró sus salarios públicos, 25 funcionarios, entre ellos tres mujeres, tuvieron negocios fuera de la nómina federal, pues reportaron ingresos netos superiores o muy superiores a los 3 millones de pesos en 2019; es decir, más de 250 mil pesos al mes. Cinco de ellos forman parte del primer círculo de López Obrador”, reseña el texto.
Y citan ejemplos. Entre ellos a Jorge Alcocer Villanueva, quien es el jefe de asesores de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. El semanario indica que el funcionario reportó ingresos de 20 millones 442 mil pesos derivados de negocios inmobiliarios.
Alfonso Romo Garza, jefe de Oficina del presidente, también aparece entre los ejemplos. Señalan que el reportó ingresos por 15 millones 175 mil pesos. También apuntan a la misma Sánchez Cordero, quien habría declarado 10 millones 688 mil pesos, en el mismo rubro. Otros más mencionados son Alfonso Durazo Montaño, con 7 millones 164 mil pesos; Manuel Bartlett Díaz con 5 millones 803 mil pesos, y Esteban Moctezuma con 4 millones 406 mil pesos.
Fuera del gabinete, pero también funcionarios de alto nivel, Proceso menciona a Rodolfo Héctor Lara Ponte, Miguel Gerardo Breceda Lapeyre, Juan Pablo Graf Noriega y Marcos Bucio Mújica, respectivos titulares del Instituto Nacional de Educación para Adultos, de Pemex Transformación Industrial, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Subsecretaría de Educación Básica. Todos ellos, señalaron, con ingresos que superan los 9 millones de pesos.
“Por otro lado, en la declaración patrimonial de Sanjuana Martinez Montemayor, la polémica directora de Notimex, aparecen puros ceros en las líneas de ingresos”, anota el artículo.
Asimismo, señalan que los altos funcionarios del actual gobierno reportaron un promedio de dos inmuebles por cada uno, con valor, también promedio, de 5 millones 608 mil pesos.
El semanario aclaró que hay huecos de información e inconsistencias, por ejemplo el caso de 57 altos funcionarios que no reportaron ningún inmueble. Pero pese a eso, apuntaron que “las declaraciones patrimoniales disponibles revelan que 23 altos funcionarios, entre ellos siete integrantes del gabinete de López Obrador, reportaron inmuebles cuyo valor de adquisición –no su valor actual en el mercado– rebasó cada uno los 10 millones de pesos”.
Además, mencionaron que algunos incluso aprovecharon que estar en la nómina federal para ampliar sus bienes. Ejemplo de ello, aseguran, el líder evangélico Hugo Éric Flores Cervantes, fundador del Partido Encuentro Social, que es aliado a Morena, así como el delegado del Bienestar en Morelos, quien notificó a la Función Pública que adquirió una casa de 400 metros cuadrados, por un valor de 5 millones de pesos, que según indican, fueron pagados de contado.
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