La ex funcionario Rosario Robles es conocida por haber sido señalada en la conocida investigación de La Estafa Maestra, en la que se reveló que mientras era titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se desviaron más de cinco mil millones de pesos.
Desde que se le dictó prisión preventiva por el inminente riego de fuga que existe para la funcionaria que actualmente se encuentra recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, se han interpuesto cuatro solicitudes de amparo, de las que tres le han sido negadas por juzgadores mexicanos.
De acuerdo con el periódico Reforma, la más reciente de las solicitudes demanda en contra de la resolución dictada por Ganther Alejandro Villar Cevallos, quien es juez en el Recusorio Sur de la Ciudad de México y se negó a concederle la prisión domiciliaria en el mes de mayo.
Esta réplica a la determinación judicial fue presentada el 29 de junio de 2020 por medio de la plataforma digital y fue turnado el 2 de julio a un juez federal de la CDMX, de acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación.
En las próximas horas se dará a conocer si el recurso es o no admitido, luego de que hace un mes las dos solicitudes que hizo fueron rechazadas bajo el argumento de que su caso no era considerado urgente, de acuerdo con lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal sobre los casos durante la emergencia sanitaria.
Sobre todo, se considera que en el caso de Robles no existe una violación a los derechos humanos de la ex funcionaria federal, quien demandó la inconstitucionalidad del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por lo regular los litigios contra una norma no son considerado apremiantes.
La intención de declarar como inconstitucional este apartado en su caso tiene que ver con que en su contenido se prevé que la prisión domiciliaria se restrinja a las personas mayores de 70 años que se encuentran afectadas por una enfermedad terminal.
Desde el 13 de agosto de 2019, la ex funcionaria se encuentra recluída y vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, cuando bajo su administración fueron desviados cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos.
La principal preocupación de los jueces es el riesgo de fuga que representa liberar a Robles. Como una prueba de que no intentaría fugarse, la defensa ofreció el pasaporte de la ex secretaria para garantizar que no saldrá del país, pero el juez de control, Villar Ceballos, rechazó concederle el cambio de medida cautelar y le ratificó la prisión preventiva justificada, pues estimó que hay riesgo de fuga.
Por las acusaciones, el Pleno de la Cámara Baja, por su parte, aprobó un juicio político contra Robles por las mismas acusaciones de manera unánime el 20 de marzo de 2020. Robles Berlanga podría ser sancionada con la inhabilitación para ocupar un cargo en el servicio público hasta por 20 años.
Poco después de haber sido rechada como candidata a liberación. Robles argumentó que es una persona mayor de 60 años, padece hipertensión, y renitis crónica, además de que no está imputada de un delito que merezca la prisión preventiva de oficio.
La prisión preventiva justificada, le fue dictada a Rosario Robles desde agosto de 2019 porque la imputación de la Fiscalía General de la República convenció al magistrado del riesgo de que la funcionaria pudiera evadirse de la justicia, pues aseguró que no contaba con arraigo en la Ciudad de México, además de que tenía los recursos económicos y las relaciones para intentarlo.
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