Ricardo Rodriguez Vargas, quien ha sido director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) desde hace un año y 10 días, habría renunciado a su cargo, de acuerdo con lo que fuentes gubernamentales informaron a distintos medios mexicanos.
El motivo de la renuncia sería que el encargo principal que tenía en el puesto era el transformar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en el Indep, es decir, el consolidar las subastas con sentido social y la transparencia de los recursos.
De acuerdo con Milenio y El Universal, después de tomar la decisión, Rodríguez Vargas informó de esto a los trabajadores del SAE, además de asegurar que se encontraba a la espera de indicaciones para continuar trabajando en la administración del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Rodríguez fue quien se encargó de organizar diversas subastas, entre ella la conocida como “la madre de todas las subastas”, en el Centro Cultural Los Pinos, se recaudaron 17.3 millones de pesos producto de la venta de una residencia, dos aeronaves y lotes de joyas.
También en una de estas fueron rematadas casas que fueron propiedad del narcotraficante Joaquín “El Chapo" Guzmán, entre otros bienes decomisados al crimen organizado, con un precio inicial de salida de 32.5 millones de pesos.
Una de esas casas estaba localizada en la calle Río Humaya 130, Colonia Guadalupe, Culiacán, en la que Guzmán Loera se refugió antes de ser recapturado el 8 de enero de 2016, cuando integrantes de la Marina Armada de México realizaron una serie de operaciones tácticas para localizar y reaprehender al líder del Cártel de Sinaloa.
En febrero del 2020, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, entregó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, un cheque por 2.000 millones de pesos al Indep. Expresó que:
El presidente informó en ese momento que los recursos de la Fiscalía estarían destinados a pagar los premios de la rifa del avión presidencial y recalcó que ese dinero también había sido recaudado de aquellos delincuentes de “cuello blanco”.
Hace unos meses, Rodríguez Vargas dijo a El Universal que el gobierno actual investigaría a los funcionarios del SAE para saber si cometieron actos de corrupción en las subastas de bienes realizadas en administraciones anteriores e incluso en la actual.
Aseguró que anteriormente el dinero se perdía en “la tubería del gobierno federal”. Al presentarle un reporte al presidente se supo que alrededor de 205 millones de pesos, procedente de las subastas, una tercera parte se fue a la Secretaría de Salud, otra similar al Poder Judicial y una última a la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
Además informó que se habían identificado áreas de riesgo en las institución. “Áreas de riesgo son las de administrar bienes -esos de comercio exterior o que vienen de la Fiscalía-. Otra área de mejora podría ser la de ventas, la de subastas, (éstas tienen que ser) claras, transparentes, además de que esté la posibilidad de que todos participen, que no se forme un ‘club de Toby’ por el que sólo cinco o seis personas sean las que compren los bienes”, dijo en aquel entonces.
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