La compañía petrolera Royal Dutch Shell cedió su participación en un contrato de producción compartida en aguas someras de México a la francesa Total, que se quedó con todo el terreno licitado en la administración pasada.
El área en cuestión fue adjudicada a ambas firmas en del 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por medio de una ronda de subastas petroleras tras la apertura del sector realizada con la llamada reforma energética que estuvo en discusión durante 2013 y 2014. En esta ronda se determinó que a Shell le tocaba el 40% y Total el 60% que quedaba, además de ser el operador principal.
Por su parte, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), dijo durante una sesión que ambas petroleras ya habían solicitado la autorización de la dependencia para que Shell cediera su parte a Total en el área que se ubica frente a las costas de Ciudad del Carmen, Campeche, desde marzo de este año.
La reforma energética impulsada por la última administración federal del Partido de la Revolución Institucional (PRI) abrió el sector petrolero a la inversión privada, tras su aprobación, el gobierno federal otorgó más de 100 contratos a particulares extranjeros para la exploración y explotación de los hidrocarburos situados en territorio mexicano, esto tanto para gas como para petróleo crudo.
Estas licitaciones se acabaron con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional, el primero de diciembre del 2018. Esto bajo una política apoyada por Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (SE), quien dijo que no continuarán las licitaciones hasta que las empresas particulares no demuestren producción.
Algunas de las petroleras que participaron en las licitaciones ya tienen producción; sin embargo, ésta sigue siendo menor respecto a la de Petróleos Mexicanos (Pemex), que pese a la baja en su producción en los últimos años sigue siendo en mayor productor de petróleo del país.
Cabe mencionar que para que Pemex siga al frente de las petroleras que trabajan en México, el gobierno federal ha implementado una serie de estrategias en las que manifiestan de facto una preferencia tradicional por los combustibles fósiles, pues ha frenado los proyectos de desarrollo de energías renovables para impulsar a sus dos empresas estatales de energía, la petrolera y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Por su parte, en lo referente a esta decisión, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de México ha justificado la decisión indicando que se trata de garantizar el abasto eléctrico durante la emergencia sanitaria, que ha causado hasta el momento cerca de 4,000 fallecidos.
También, para mejorar las finanzas de la empresa, el comité de auditoría interna de la paraestatal decidió revisar minuciosamente los contratos de sus proveedores y contratistas para reducir pagos por trabajos innecesarios o mal hechos.
Los partícipes de estas medidas son Juan José Paullada Figueroa, presidente del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de Pemex; Alberto Velázquez García, director corporativo de Finanzas; Marcos M. Herrería Alamina, director corporativo de Administración y servicios; Francisco Javier Vega, titular de la Auditoría Interna; y, hasta antes de su salida, Miguel Breceda Lapeyre, ex director general de Pemex Transformación Industrial, quienes han conseguido ahorros millonarios.
Por medio del oficio CA/COMAUD/AI/DTI/427/109, el 31 de julio del año pasado se le comunicó a Breceda Lapeyre que “como resultado de la revisión de la Delegación de Auditoría Interna de Pemex TRI a 10 contratos de los que en conjunto se reportaba un adeudo por 2,973 millones de pesos, se determinó un monto no precedente de 530 millones” referentes a la refinería de Minatitlán. En este caso no revelan las empresas afectadas.
Otro caso que se presentó fue el de ICA Flour, que en julio de 2017 firmó con Pemex los contratos 5200008552, 5200008361 y 5200008351 por la suma de 900 millones de pesos, que después de ser auditados, se descontaron 27.7 millones de pesos.
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