
Petróleos Mexicanos (Pemex) busca retrasar o reducir los pagos a proveedores y contratistas que realizan servicios de rehabilitación en sus refinerías.
Por medio de auditorías dirigidas desde la Dirección General de Pemex, en coordinación con el Consejo de Administración, se revisan a detalle los contratos vigentes y concluidos para detectar inconsistencias y justificar pagos menores.
De acuerdo con una nota de El Universal, la Auditoría Interna de Pemex y otros colaboradores de las obras buscan trabajos que a su criterio “no debieron pagarse o ejecutar, u observaciones pendientes de justificar” para retrasar los pagos.

Cabe señalar que, de acuerdo con los estados financieros del primer trimestre del 2020, los adeudos que tiene ascienden a 180,535 millones de pesos, lo cual representa un incremento sustancial si se comparan con los 121,000 millones del 2019.
La petrolera mexicana estableció que para el rubro de “Pendientes para justificar” se dará un plazo de cinco días a la operadora encargada de la obra para proporcionar evidencia y argumentar por qué se debe de hacer el pago.
De acuerdo con la publicación del diario de de circulación nacional, los partícipes de estas medidas son Juan José Paullada Figueroa, presidente del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de Pemex; Alberto Velázquez García, director corporativo de Finanzas; Marcos M. Herrería Alamina, director corporativo de Administración y servicios; Francisco Javier Vega, titular de la Auditoría Interna; y, hasta antes de su salida, Miguel Breceda Lapeyre, ex director general de Pemex Transformación Industrial.

El Universal explica que por medio del oficio CA/COMAUD/AI/DTI/427/109, el 31 de julio del año pasado se le comunicó a Breceda Lapeyre que “como resultado de la revisión de la Delegación de Auditoría Interna de Pemex TRI a 10 contratos de los que en conjunto se reportaba un adeudo por 2 mil 973 millones de pesos, se determinó un monto no precedente de 530 millones” referentes a la refinería de Minatitlán. En este caso no revelan las empresas afectadas.
Otro caso que se presentó fue el de ICA Flour, quien en julio de 2017 firmó con Pemex los contratos 5200008552, 5200008361 y 5200008351 por la suma de 900 millones de pesos, que después de ser auditados, se descontaron 27.7 millones de pesos.
Esta información sale a la luz cuando la productora del hidrocarburo pasa por una de las peores etapas financieras de su historia, pues la crisis global de precios de petróleo y la administración de la misma ha bajado la calificación de Pemex ante las principales calificadoras del mundo; sin embargo, aún conserva grado de inversión.

Para resolver este problema, el gobierno federal implementó un plan de refinación y almacenamiento, el cual consiste en que Pemex refinará más barriles de mezcla de crudo para incrementar la reserva de combustibles. Y al mismo tiempo continuará con la extracción habitual del oro negro.
Este plan fue anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 23 de abril cuando dijo que buscarán refinar hasta un millón de barriles diarios para mayo, en vez de los 465,000 que se refinaban en febrero.

En palabras del jefe del ejecutivo federal esto significa que “vamos a poder producir más gasolinas en México y dejar de comprar gasolinas en el extranjero. Y esto nos ayuda a atemperar la crisis por el desplome en los precios del petróleo crudo”.
Con esta estrategia en curso, el obstáculo por resolver es el almacenamiento, pues las instalaciones dedicadas a esa labor se encontraban casi llenas; no obstante, Pemex ya trabaja en ello. Conforme a una publicación de Reuters ya se puso en marcha un plan para duplicar la capacidad de almacenamiento de la empresa del Estado en cavernas salinas ubicadas en los estados de Veracruz y Nuevo León. Asimismo refiere que esto podría tardar de entre 45 a 90 días.
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