El gobierno de AMLO atraviesa una etapa de incertidumbre, sobre todo social y económica, frente a la epidemia de coronavirus, que se ha cobrado la vida de casi 1,000 personas desde finales de febrero. Sin embargo, la fase 3, de contagios acelerados, apenas se encuentra en sus primeros días, por lo que la situación empeorará en las próximas semanas, de acuerdo con las autoridades sanitarias.
Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un esperado plan económico para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, donde se reforzará aún más la austeridad del gobierno y donde los programas sociales tomarán una importancia vital.
En ese contexto, la Organización No Gubernamental (ONG) Oxfam México, presentó un análisis que desnuda las carencias de la política de programas sociales de la administración de López Obrador, donde se concluye que el 60% de todas las personas en situación de pobreza no cumplen con los requisitos para ser beneficiarias de los proyectos prioritarios del gobierno.
Oxfam México analizó tres programas con especial énfasis en las características generales de transferencias directas de efectivo no condicionadas que funcionan como un complemento a la red de protección social: el programa universal para personas de la tercera edad, las becas Benito Juárez para estudiantes de educación Media Superior y el programa para Personas con Discapacidad.
Estos programas tuvieron en 2019 un presupuesto aprobado cercano a los 200,000 millones de pesos y una cobertura conjunta que tenía planeada llegar a más de 20 millones de personas. Sin embargo, “no cubren a todas las personas en situación de pobreza”.
A pesar de que la organización aceptó que estos mecanismos son importantes para brindar un esquema de protección social adicional al de la seguridad social, “no están diseñados para apoyar a muchas personas en situación de pobreza en esta coyuntura, que trabajan día con día y subsisten con ingresos precarios”, concluyeron.
De acuerdo con el organismo oficial que mide la pobreza en el país, en México existen 52.4 millones de personas en situación de pobreza. De ellos, 32 millones, es decir, el 60% de todas las personas en situación de pobreza, no cumplen con los requisitos para ser beneficiarias de los programas prioritarios.
Uno de los problemas, de acuerdo con el análisis, es que el diseño de la política social actual se enfoca en cubrir a las personas antes y después de entrar al mercado laboral y deja sin protección a una mayoría de personas trabajadoras y desocupadas.
“Son 19 millones de ellas personas trabajadoras ocupadas, casi 900,000 desocupadas, y 7.2 millones de población no económicamente activa. El promedio de ingresos por hogar de este grupo es de 7,173 pesos al mes”, indicaron.
Aunado a esto, es una población predominantemente urbana la que se queda sin apoyos. “Mientras que 21.5 millones viven en localidades urbanas, solo 10.4 en rurales (2 de cada 3). Esto quiere decir que los apoyos de programas como Sembrando Vida podrían beneficiar a una parte relativamente pequeña de esta población”, alertaron.
Además, la mayoría de las personas que no reciben programas sociales (el 88.6%, o 28.3 millones) no tienen acceso directo a la seguridad social. “Muy probablemente son personas en situación de informalidad laboral”, detallaron.
Por último, una de cada tres de estas personas se encuentra en situación de pobreza extrema, es decir, tiene tres o más carencias sociales y sus ingresos no son suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. De entre ellas, 3.4 millones hablan una lengua indígena.
“Es importante mencionar que no se seleccionaron otros programas que dan transferencias monetarias como Jóvenes Construyendo el Futuro, Tandas para el Bienestar o Sembrando vida, toda vez que sus objetivos van más allá de la protección social y no se cuenta con suficiente para analizar dichas transferencias”, especificaron.
El tema de los programas sociales se vuelve aún más trascendental ya que, sumada a la emergencia sanitaria por el coronavirus, este tipo de ayudas ya está incluida en la Constitución. Hace unas semanas, después de ser aprobada por el Congreso Federal, recibió los apoyos suficientes en Congresos locales para que fuera elevada a rango constitucional.
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