La organización Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) asegura que entre 25 mil y 30 mil niñas, niños y adolescentes han sido víctimas del reclutamiento forzado. Así que, en vista de este número, el senador Ricardo Monreal presentará una serie de reformas al Código Penal Federal y la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños, para tipificar el reclutamiento forzado como delito.
El legislador promueve obligar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno adoptar medidas para identificar, procesar y sancionar a los agentes estatales o personas civiles que ejecuten, autoricen, colaboren o faciliten el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes a las filas del hampa. Contrastantemente, señala que en nuestro país no está tipificado el reclutamiento y el uso de niñas y niños menores de 15 años para participar en actos hostiles; sin embargo; el Derecho Internacional Humanitario lo prohíbe, y la Corte Penal Internacional lo define como un crimen de guerra.
Dicha iniciativa atiende las recomendaciones que han emitido la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además impulsa la implementación de políticas, mecanismos e instituciones especiales para reinsertar en la vida social a niñas, niños y adolescentes que hayan participado como miembros de organizaciones armadas, estatales o no gubernamentales.
De acuerdo con una investigación de El Universal, en 2019, las fuerzas del orden público arrestaron un total de 442 menores de edad en distintos operativos de seguridad, es decir, un 13% más que en 2018, si se toma en cuenta que en aquel año se detuvieron a 388. En lo que va del 2020, han aprehendido a 49.
En la información proporcionada por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las aprehensiones ocurrieron en condiciones de flagrancia y en enfrentamientos armados. Esto quiere decir que derivado de un número determinado de operativos basados en una investigación de alguna secretaría de seguridad (local o federal), 442 presuntos delincuentes tienen menos de 18 años.
La entidad que más sobresale es Colima con 96 casos, le siguen Guerrero y el Estado de México con 47 y 34 casos respectivamente; sin embargo, la tendencia nacional indica que esta curva seguirá en aumento a menos que se afronte este problema desde las causas de su origen.
Otros estados que reportan las capturas de niños y adolescentes son Guanajuato, con 33; Jalisco y Sonora, con 27 cada uno; Morelos, 21; Puebla, 19; Baja California, 16; y Chihuahua, 15.
Los indicadores de este fenómeno
Especialistas señalan que el reclutamiento forzado obedece, principalmente, a dos casos concretos. El primero es que secuestran a los menores y los obligan, bajo algún tipo de amenaza, a colaborar para los cárteles de las drogas; o sencillamente la pobreza los orilla a adoptar conductas antisociales para poder resolver su vida material.
A pesar de que el grueso de la población detenida en estos casos oscila entre 15 y 17 años, la Sedena y la Semar reportan casos de jóvenes de 13 años involucrados de la delincuencia organizada.
“Los menores cooperan activamente en actividades que van desde la extorsión y el tráfico de personas hasta la piratería y el narcotráfico”, señala un informe de la CIDH.
Las mismas autoridades reportan que en las carpetas de investigación existe un aumento en el reclutamiento de menores, así como en la frecuencia de delitos federales ejercidos por ellos como portación de arma de uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud o secuestro.
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