En el papel, los trabajadores mexicanos deberían ser los grandes ganadores del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, no derrochan entusiasmo.
Sindicatos más fuertes y salarios más altos al sur de la frontera de Estados Unidos son una parte clave del renovado acuerdo comercial, que la Cámara de Representantes de Estados Unidos votará el jueves. Se supone que las medidas también traerán beneficios adicionales para EEUU y Canadá, al reducir la brecha salarial que atraía a las fábricas y los empleos.
La preocupación es que cualquier norma nueva en México permanecerá en gran medida en el papel. Los propios trabajadores mexicanos, que vieron caer sus salarios aún más después de un cuarto de siglo del TLCAN, dicen que hay razones para dudar si su sucesor será muy diferente.
“No creo que haya ningún cambio”, dijo Ludwing, un guardia de seguridad en una planta de General Motors en el centro industrial de Toluca que solicitó ser identificado solo por su primer nombre. “He visto a mis amigos ser despedidos cuando cierran las plantas”.
La vocera de GM México, Teresa Cid, dijo que la compañía respetará los cambios a las normas laborales de México a medida que se implementen.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, requiere que entre el 40% y el 45% del volumen de automóviles sea fabricado por quienes ganen al menos US16 por hora, una medida destinada a reducir la ventaja de los bajos salarios de México en la región. También garantiza el derecho de los mexicanos a elegir sus sindicatos y contratos.
El problema es que los sindicatos de México tienen un historial de quedar bien con los jefes, en lugar de luchar por los trabajadores que se supone que representan, algo que las nuevas normas laborales no pueden cambiar esa cultura de la noche a la mañana. Los sindicatos luchan vigorosamente contra las nuevas normas en varios frentes, incluida la presentación de cientos de demandas, lo que aviva los temores de que el ritmo de las reformas podría estancarse.
Tal preocupación desencadenó una disputa de último minuto el fin de semana, cuando México acusó a EEUU de infringir su soberanía al enviar inspectores para hacer cumplir las reformas laborales mexicanas.
El problema fue catalogado como un malentendido y se resolvió rápidamente. No obstante, las prácticas laborales de México representaron un obstáculo clave en las negociaciones finales de la Casa Blanca para que los demócratas —y los sindicatos estadounidenses preocupados por la pérdida de empleos— respaldaran el acuerdo.
Vázquez, reponedor de un Walmart en Ciudad de México durante 16 años que pidió ser identificado por su apellido por temor a represalias, dijo que es escéptico de que el acuerdo lo beneficie.
“No creo que veamos ningún aumento de sueldo”, dijo Vázquez, quien gana USD 300 al mes. “Ha pasado tanto tiempo y nada ha cambiado”.
En casa, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido aumentar los fondos para reformas laborales y está impulsando el salario mínimo. En mayo, el gobierno consagró los derechos de los trabajadores a decidir sobre los líderes sindicales y los contratos por votación secreta.
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