Un juez dictó una orden de aprehensión en contra de Jorge Winckler, fiscal de Veracruz, separado temporalmente de su cargo, además de cinco ex funcionarios, por el delito de privación legal de la libertad en su modalidad de secuestro.
El proceso penal 296/20219 está dirigido a Manuel Medel Hernández, Fiscal adscrito a la Unidad de procuración de justicia.
La orden de aprehensión incluye también al ex fiscal de desaparecidos y fiscal regional de Xalapa, Luis Eduardo Coronel Gamboa, al fiscal anticorrupción, Marcos Even, al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Roberto Mora Mil, así como a Sergio García Celis y Uriel Rodrigo González, policías ministeriales, presuntos implicados en los hechos.
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En la orden se les imputa su probable participación en el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro, cometido en agravio de una persona identificada como F.Z.A.
El documento de una hoja circula en redes sociales, pero hasta el momento, no hay ninguna postura oficial por parte del gobierno de Veracruz.
La orden de aprehensión Foto: @AvcNoticias1
La denuncia está vinculada a uno de los juicios políticos que se le siguieron a Jorge Winckler cuando era fiscal del estado.
El exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras acusó que su ex chofer, Francisco "N", fue privado de su libertad por varias horas, por Winckler y sus colaboradores con la intención de que diera a conocer información sobre el paradero de Bravo Contreras.
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Derivado de esto, se interpuso un juicio político en contra de Jorge Winckler, pero fue desechado por el Congreso local.
Separan a Winclker como Fiscal de Veracruz por no estar debidamente certificado
El pasado 3 de agosto, el Congreso del estado de Veracruz estableció la medida preventiva de separar a Jorge Winckler Ortiz, temporalmente, del cargo de Fiscal General del Estado.
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Durante la sesión ordinaria, se dio lectura al acuerdo de Junta de Coordinación Política, que fue votado y aprobado de inmediato.
Esta separación provisional de su cargo se justificó porque Winckler no cumple con los requisitos constitucionales de estar debidamente certificado y registrado en el sistema como Alto Mando en la procuración de justicia de Veracruz.
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En un boletín, el Congreso local estableció que "hasta en tanto no se compruebe que el Lic. Jorge Winckler Ortis está certificado y registrado en el sistema nacional, no puede estar al frente de esa institución autónoma tan importante y delicada como lo es la Fiscalía.
De acuerdo con la Constitución, ninguna persona puede ingresar a las instituciones de Seguridad Pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema, lo que acredita que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en las instituciones de procuración de justicia, y que cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para desempeñar su cargo.
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En su lugar, fue designada Verónica Hernández Giadans, quien se desempeñaba como Directora General Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado. Dicha dependencia es encabezada por Eric Cisneros, quien había señalado a Jorge Winckler de proteger a criminales.
A principios de mayo pasado, Eric Cisneros y Hugo Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública, presentaron una denuncia formal contra el fiscal Jorge Winckler Ortiz, por su presunta participación y omisión en constitución de delitos.
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Argumentaron que gracias a eso, delincuentes de alto impacto gozaron de total impunidad en Veracruz. "Por más de dos años, no podemos decir que tuvo guardadas, sino más bien escondidas, más de 150 órdenes de aprehensión, sin subirlas a Plataforma México. Entre ellas estaban las órdenes de aprehensión contra delincuentes de alto impacto, dijo Cisneros, según El Universal.
En junio pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE), entonces a cargo de Jorge Winckler, se negó a aceptar una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos por presuntos actos de tortura contra el ex director de Servicios Periciales de la propia Fiscalía, Gilberto "N".
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Winckler se negó a investigar a servidores públicos señalados y aplicar sanciones correspondientes según su participación en los actos de tortura, considerados un delito grave.
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