La historia real detrás de la serie “Emergencia radiactiva”: el accidente de cesio-137 que conmovió a Brasil

En las últimas semanas, las búsquedas en Google en Argentina sobre “emergencia radioactiva” y el accidente de cesio-137 en Brasil registraron crecimiento, impulsadas en gran parte por el estreno de la serie Emergencia Radioactiva en Netflix. Tal como reflejan los datos de Google Trends, el interés no solo se concentra en la ficción, sino también en el “caso real”, el “reparto” y los detalles históricos detrás de una de las tragedias radiológicas más impactantes del siglo XX. La curiosidad del público parece ir más allá del entretenimiento: hay una necesidad de entender qué ocurrió realmente y por qué sigue siendo relevante hoy.

En septiembre de 1987, la ciudad de Goiânia se convirtió en escenario de un desastre silencioso. Todo comenzó con el hallazgo y desmantelamiento de una cápsula de radioterapia abandonada que contenía cesio-137. El cesio-137 es un elemento radiactivo artificial que se genera como subproducto de la fisión nuclear en reactores y armas nucleares. Emite radiación gamma, altamente penetrante, y tiene una vida media de unos 30 años, lo que significa que puede permanecer peligroso durante décadas. Por sus propiedades, se utiliza en medicina (especialmente en radioterapia) y en equipos industriales, pero su manipulación indebida puede provocar graves contaminaciones y daños a la salud.

Por eso, lo que parecía un objeto inofensivo liberó un polvo azul brillante que, sin que nadie lo supiera, era altamente radiactivo. En cuestión de días, ese material circuló entre vecinos, familiares y curiosos, generando una cadena de exposición que dejó cuatro muertos, cientos de contaminados y más de 112.000 personas sometidas a controles sanitarios.

Casi cuatro décadas después, el caso de Goiânia sigue siendo un recordatorio inquietante de cómo un accidente fuera de una central nuclear puede tener consecuencias devastadoras. Hoy, reavivado por la narrativa de la ficción, vuelve al centro de la conversación pública: no solo como una historia dramática, sino como una advertencia real sobre los riesgos invisibles de la radiación y la fragilidad de los sistemas de control cuando fallan.

Los hechos

El Instituto Goiano de Radioterapia (IGR), una clínica privada en el sector Aeroporto de la ciudad, había utilizado durante años una unidad de teleterapia que contenía 19,26 gramos de Cesio-137 en forma de cloruro, con una actividad de 50,9 terabequerelios (1.375 curies). Cuando el instituto se mudó en 1985, dejó el aparato sin custodia ni señalización adecuada, pese al riesgo evidente que representaba.

El edificio, parcialmente demolido y en ruinas, se convirtió en un espacio vulnerable frecuentado por chatarreros en busca de materiales para vender. Esta falta de resguardo facilitó que, el 13 de septiembre de 1987, dos jóvenes chatarreros, Roberto dos Santos Alves y Wagner Mota Pereira, accedieran al recinto. Sin un objetivo específico más allá de encontrar chatarra valiosa, hallaron el equipo de radioterapia, lo extrajeron con esfuerzo y lo trasladaron en carretilla hasta la casa de Roberto, a unos 600 metros de distancia. El aparato, con su blindaje de plomo y acero, parecía a simple vista solo un objeto potencialmente útil para reciclar, sin que los jóvenes pudieran imaginar el peligro mortal que contenía.

El abandono del equipo radiactivo por parte de la clínica y la ausencia de controles o advertencias visibles resultaron determinantes para el inicio de la cadena de eventos que desembocaría en uno de los desastres radiológicos más graves de la historia fuera de una instalación nuclear. La negligencia institucional y la precariedad social convergieron en un contexto donde la radiación era un concepto ajeno para la mayoría de la población, y la búsqueda de medios de subsistencia abría la puerta a riesgos insospechados.

El misterioso resplandor azul y la dispersión del material radiactivo

El hallazgo del equipo de teleterapia por los chatarreros fue solo el inicio de una cadena de errores fatales. Ya en la casa de Roberto dos Santos Alves, él y Wagner Mota Pereira comenzaron a desmontar el pesado aparato, guiados únicamente por el afán de rescatar partes metálicas con valor comercial. Pronto ambos experimentaron síntomas como vómitos, mareos y diarrea, que atribuyeron erróneamente a una intoxicación alimentaria, ignorando que se trataba de los primeros efectos del envenenamiento por radiación.

El 16 de septiembre, Roberto logró perforar la cápsula blindada utilizando un destornillador. En ese momento observó un resplandor azul intenso proveniente del interior: era el efecto de la fluorescencia del Cesio-137 expuesto a la atmósfera. Fascinado por el brillo, extrajo fragmentos del polvo y, al no inflamarse, asumió que no era pólvora como había imaginado.

El 18 de septiembre, los dos jóvenes vendieron las piezas del aparato desmantelado a un depósito de chatarra cercano. El propietario, Devair Alves Ferreira, también se sintió atraído por el misterioso resplandor azul. Convencido de que se trataba de un hallazgo especial, llevó la cápsula a su casa e involucró a familiares y amigos en la admiración del fenómeno, sin percatarse de que estaban siendo expuestos a dosis letales de radiación. Durante los días siguientes, varios fragmentos del polvo azul brillante circularon entre allegados y vecinos, lo que sentó las bases para la dispersión silenciosa y descontrolada del contaminante.

Propagación del contaminante y cadena de exposición

Uno de los puntos más críticos de la dispersión ocurrió cuando el hermano de Devair Alves, Ivo Alves Ferreira, llevó fragmentos del polvo azul a su propia casa y los esparció en el suelo, donde su hija de seis años, Leide das Neves Ferreira, jugó inocentemente, aplicándose el material en el cuerpo y mostrando su hallazgo a su madre.

El material radiactivo se trasladó en bolsillos, bolsas y hasta en el transporte público. Hubo quienes, fascinados por el brillo, pensaron en utilizar los fragmentos como adornos personales. Las lluvias intensas acaecidas entre el 21 y 28 de septiembre contribuyeron a la dispersión del contaminante, depositándolo incluso en techos y otras superficies, lo que aumentó el área de exposición y complicó la posterior respuesta.

La propagación invisible del Cesio-137 se vio potenciada por el desconocimiento generalizado sobre los riesgos de la radiación. Personas de diferentes edades y oficios interactuaron con el material sin protección, lo que derivó en una cadena de exposición que afectó a cientos de habitantes y multiplicó la dificultad para rastrear la ruta del contaminante una vez que se identificó el accidente.

Síntomas, diagnóstico y retraso en la identificación del accidente

Los primeros síntomas de envenenamiento por radiación aparecieron entre tres y cinco días después de la exposición inicial, pero fueron confundidos con enfermedades comunes. Quienes habían estado en contacto con el Cesio-137 consultaron a médicos y farmacéuticos por náuseas, vómitos, mareos, diarrea y lesiones cutáneas en forma de eritemas. Muchos de los afectados recibieron diagnósticos erróneos de intoxicación alimentaria o gastroenteritis, especialmente cuando un grupo de familiares o amigos presentaba síntomas similares tras compartir una comida.

La ausencia de sospecha sobre radiación, tanto entre los afectados como en el personal de salud, permitió que la contaminación se extendiera aún más. La demora en identificar la verdadera causa de los síntomas fue un factor crítico que agravó la magnitud del desastre. Solo cuando María Gabriela Ferreira, esposa de Devair, advirtió la relación entre la enfermedad de su familia y el contacto con la cápsula, llevó el material a la Vigilancia Sanitaria y declaró: “Esto está matando a mi familia”, se activaron finalmente las alarmas.

La identificación oficial del accidente radiológico ocurrió el 29 de septiembre de 1987, tras la intervención del físico Walter Mendes Ferreira, quien confirmó la presencia de una fuente radiactiva extremadamente peligrosa. Ese día se notificó a la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN). A partir de ese momento, se desplegó un amplio operativo con participación de organismos nacionales e internacionales en lo que se denominó la “Operación Cesio-137”.

Según detalla la información del sitio web oficial del gobierno de Goias, los primeros pasos consistieron en “identificar, monitorear, descontaminar y tratar a la población afectada”, lo que incluyó el aislamiento de las zonas críticas y un cribado masivo de personas en el Estadio Olímpico. El informe también señala que la respuesta implicó medidas extremas, como la remoción de grandes volúmenes de tierra y la demolición de viviendas, mientras se realizaban estudios ambientales para medir la dispersión del material radiactivo en el suelo, el agua, el aire y la vegetación.

Para entonces, muchas personas ya habían acumulado dosis letales de radiación, y la contaminación se había extendido por diferentes barrios y centros de salud de Goiânia.

Respuesta de emergencia: detección, mapeo y descontaminación

El retraso en el diagnóstico permitió una exposición prolongada y sin control, dificultando la contención del desastre y aumentando el número de víctimas. El físico Walter Mendes Ferreira alertó a las autoridades, evitando que la cápsula fuera arrojada al río, lo que habría agravado la dispersión del Cesio-137. La Comisión Nacional de Energía Nuclear asumió el control y coordinó la intervención junto a agencias federales, estatales, municipales y organismos internacionales.

Las autoridades establecieron un sistema masivo de evaluación radiológica: el Estadio Olímpico de Goiânia fue convertido en centro donde se evaluó a unas 112.800 personas. De ellas, 249 presentaron contaminación confirmada, 129 fueron seleccionadas para monitoreo médico permanente, y 49 necesitaron hospitalización, 21 en cuidados intensivos.

Para dimensionar la contaminación, se emplearon métodos terrestres y aéreos, incluyendo helicópteros con detectores especiales que sobrevolaron más de 67 kilómetros cuadrados en busca de focos radiactivos. Se identificaron siete áreas principales y otras menores, permitiendo delimitar el alcance del accidente y planificar la descontaminación.

Las tareas de limpieza enfrentaron retos considerables debido a la solubilidad del Cesio-137, que permitió su penetración en suelos y sistemas de agua. Las operaciones se dividieron en dos fases: una urgente, culminada en diciembre de 1987, y otra de remediación, extendida hasta marzo de 1988. Se evacuaron 200 personas de 41 viviendas, y siete casas fueron demolidas por su alto nivel de contaminación. Se utilizó desde aspirado de polvo radiactivo y raspado de superficies hasta el tratamiento de suelos y techos.

En total, se generaron 3.500 metros cúbicos de residuos radiactivos, almacenados en contenedores especiales a 23 kilómetros de Goiânia, en Abadia de Goiás. Estas acciones permitieron contener la contaminación y reducir el riesgo de exposición a largo plazo, aunque la huella del accidente permaneció en el entorno y en la comunidad.

Las víctimas: muertes, historias y sobrevivientes

El accidente de Goiânia dejó un saldo humano trágico que se expresó no solo en cuatro muertes directas por síndrome agudo de radiación, sino también en un sufrimiento prolongado para decenas de personas expuestas y sus familias. Entre las víctimas mortales más recordadas está Leide das Neves Ferreira, la niña de seis años que jugó con el polvo azul radiactivo y se convirtió en símbolo de la tragedia. Leide desarrolló lesiones graves, pérdida total de cabello, úlceras, hemorragias y daño multiorgánico antes de fallecer el 23 de octubre de 1987 en Río de Janeiro, tras semanas de agonía.

María Gabriela Ferreira, esposa de Devair y tía de Leide, es recordada como la heroína silenciosa que propició la intervención sanitaria. Ella también murió el 23 de octubre, víctima de septicemia por radiación, después de haber transportado la cápsula a las autoridades aun estando gravemente enferma.

Otros fallecidos fueron Israel Baptista dos Santos y Admilson Alves de Souza, empleados del depósito de chatarra de Devair. Ambos recibieron dosis letales de radiación durante el desmontaje del equipo y murieron poco después por complicaciones severas.

Entre los sobrevivientes se encuentran Wagner Mota Pereira, quien sufrió quemaduras graves y perdió parcialmente los dedos de una mano, y Devair Alves Ferreira, que, aunque sobrevivió inicialmente, desarrolló depresión profunda y falleció años después de cáncer, atribuido a la exposición. Ivo Ferreira, padre de Leide, vivió con secuelas psicológicas y falleció en 2003 de enfisema, posiblemente relacionado con el accidente.

Numerosos individuos sobrevivieron con secuelas físicas o psíquicas, y muchos de ellos continúan reclamando atención médica y reconocimiento por las consecuencias de la exposición al Cesio-137.

Responsabilidades legales y proceso judicial

La investigación judicial del accidente de Goiânia reveló una cadena de negligencias institucionales previas al desastre. Cuatro meses antes del robo del equipo de radioterapia, un director de instituto impidió que un propietario del antiguo Instituto Goiano de Radioterapia (IGR) retirara el aparato peligroso, pese a las advertencias expresas sobre el riesgo que representaba dejarlo abandonado. Posteriormente, la advertencia sobre la “bomba de cesio” fue ignorada por las autoridades.

Tras el accidente, tres médicos propietarios del IGR fueron acusados de negligencia criminal por dejar el equipo sin vigilancia y sin informar a las autoridades. Sin embargo, debido a que el incidente ocurrió antes de la Constitución Federal de 1988 y a que el aparato era propiedad institucional y no individual, no fue posible imputarles homicidio por negligencia. El castigo se limitó a una multa de 100.000 reales brasileños (unos 24.000 dólares estadounidenses de la época) para financiar la remediación del sitio.

Por otro lado, los dos chatarreros que iniciaron la cadena de eventos al extraer el equipo del edificio nunca fueron acusados penalmente. El sistema judicial consideró que, dadas las circunstancias de pobreza y desconocimiento, no era adecuado imponerles penas. Así, la responsabilidad penal recayó de forma limitada en los responsables institucionales, y el caso se convirtió en un ejemplo de las dificultades para asignar culpa en desastres tecnológicos con múltiples fallas sistémicas.

El accidente radiológico con cesio-137 evidenció la necesidad de asumir una responsabilidad ética en el manejo de la tecnología y la ciencia. La tragedia resaltó que las consecuencias derivadas de su utilización exigen prácticas que prioricen la protección de la vida humana. A partir de este incidente, que la revista Time calificó como “uno de los peores accidentes nucleares de la historia”, surgió una oportunidad global de aprendizaje respecto a los límites y riesgos inherentes al desarrollo científico.