Cambio climático y especulación inmobiliaria: todo lo que no se hizo para prevenir la catástrofe de la "gota fría" en España

España ha sufrido este mes la emergencia de gota fría más grave en más de un siglo. En el sureste, donde llovió en un solo día lo mismo que en todo un año, han muerto seis personas por las inundaciones, otras 30.000 se han visto afectadas y los daños materiales son millonarios. Mientras el país se recupera de la catástrofe los expertos coinciden en que es una consecuencia del cambio climático y exigen que las autoridades asuman su responsabilidad.

La gota fría es un fenómeno meteorológico que sufre España cuando llega el otoño en septiembre y un frente de aire polar frío procedente de Europa occidental choca con el aire cálido y húmedo del mar Mediterráneo, generando fuertes lluvias y tormentas a lo largo de la costa este y las islas Baleares. Ni los más viejos pobladores de estas regiones recordaban imágenes tan horribles como las que han vivido estos días: las calles convertidas en ciénagas, sus casas inundadas, todo cubierto de barro.
Juantxo López de Uralde, miembro del partido ambientalista EQUO, ha sido uno de los impulsores de una campaña social contra la respuesta de las autoridades. Por iniciativa suya el Congreso aprobó el martes 17 de septiembre una declaración de emergencia climática apoyada por todos los partidos a excepción de VOX, la nueva fuerza de ultraderecha.

"El problema es que nos hemos quedado a medias: con la nueva convocatoria de elecciones para el 10 de noviembre se ha acabado la legislatura antes de lo previsto y no hemos podido seguir adelante. A partir de ahora es necesario establecer unas leyes que tengan en cuenta el cambio climático", apunta.

Habla de indiferencia y corrupción por parte de las autoridades. "Existe en la clase política española una tradición de mirar hacia otro lado en materia de medio ambiente. Hay lobbys muy poderosos detrás de estos intereses, como los de la industria de la construcción o del automóvil. Nadie quiere molestarles y así siguen beneficiándose de una situación que nos perjudica a todos".

Advierte que la situación se puede repetir. "No ver que existe una emergencia de cara al futuro es estar ciego. Además de ser un problema climatológico afecta a sectores estratégicos como el turismo, la ganadería, la agricultura o la pesca, además de a la salud de las personas. ¿Cuántas muertes son necesarias para que reaccionen?".

En la zona roja de la catástrofe, la Vega Baja del Segura del Levante español, llovieron entre el 10 y el 16 de septiembre 153 litros por metro cuadrado cuando el registro habitual son apenas 6. El socialista Pedro Sánchez interrumpió su agenda justo cuando concluía el plazo para formar gobierno y se trasladó hasta allá para hablar con los damnificados de esta región considerada la huerta de Europa por la riqueza de sus cultivos, echados a perder tras el temporal.

Pese a las promesas del presidente en funciones de "volcarse con los afectados" distintas voces de la sociedad han criticado el oportunismo de los políticos -no sólo a nivel nacional, también de los dirigentes regionales- quienes han aparecido ante las cámaras tras la catástrofe pero no tomaron antes las medidas para impedirla, según denuncian desde Ecologistas en Acción.

Esta organización sin ánimo de lucro cree que la tragedia se podría haber reducido si aún no existieran en España más de 50.000 construcciones en cauces y zonas inundables de muy alto riesgo. La ley española, según el artículo 28 del Plan Hidrológico Nacional, obliga a las administraciones a eliminar estas edificaciones.

"Nosotros llevamos 25 años denunciando esta situación. Es competencia del Ministerio de Transición Ecológica pero también de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Existe una complicidad entre todos para no hacer nada, pues no es políticamente rentable derribar casas", denuncia en Infobae Santiago M. Barajas, especialista en temas de agua desde Ecologistas en Acción.

Para él la solución es hacer cumplir la ley, derribar los edificios que están en zonas de alto riesgo y paralizar la construcción de otros nuevos, además de repoblar las zonas de peligro con bosques de ribera, que dificultan el paso del agua. "Lo que sucede es que muchos en el poder en España siguen apostando por la construcción como eje de la economía del país", opina.

Tras la catástrofe, desde los sectores progresistas en España ya se habla de un clima social de indignación como el que agitó al país el 15 de mayo de 2011. "Otro 15-M ecologista les explotará en la cara por no afrontar el desafío con valentía", advierte María Teresa Pérez, diputada de la agrupación de izquierdas Unidas Podemos por Alicante, una de las ciudades más afectadas por las lluvias.

Los expertos consultados por Infobae señalan que España se encuentra en una zona de riesgo climático por su ubicación geográfica, expuesta a los vientos áridos y secos que vienen del norte de África. Desde los años 80 el mar Mediterráneo aumenta de temperatura 0.34 grados cada década y la subida media en el país es superior a la de Europa. Las consecuencias se han sufrido este verano, cuando se han alcanzado topes históricos, ha llovido poco y de forma descontrolada.

"Esta tragedia no es nueva y por desgracia volverá a suceder. Somos muchos los que estamos en esta lucha, tanto desde las ONG como las universidades y algunos partidos, incluso nos apoyan funcionarios de la administración que son conscientes del peligro. Pero es como predicar en el desierto: hace justo un año murieron personas en Mallorca por las inundaciones y nada ha cambiado", lamenta Santiago M. Barajas.