"No abras la puerta, tienes derechos" o "si entran en casa no te resistas" son consejos que los grupos proinmigrantes están ofreciendo a indocumentados, ante el inicio inminente de las redadas anunciadas por las autoridades de EEUU.
"No sabemos exactamente cuántas personas pueden verse afectadas en Houston (Texas); han dicho que a nivel nacional será unas 2.000″, dijo este sábad el director ejecutivo de la ONG FIEL Houston, César Espinosa.
Houston es una de las nueve ciudades donde se espera que a partir del domingo den comienzo las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), anunciadas por el presidente Donald Trump para deportar a indocumentados.
El resto de localidades son Nueva York, Miami, Los Ángeles y San Francisco, Chicago, Atlanta, Baltimore y Denver.
Pese a que el objetivo de esas operaciones serán indocumentados con órdenes de deportación, según las autoridades, Espinosa alertó que "cuando Inmigración ingresa en una vivienda pueden pagar justos por pecadores, porque pueden abrir la puerta quienes no tienen órdenes de aprehensión contra ellos".
De acuerdo a los datos de Espinosa, en Houston hay unos 600.000 indocumentados, "la mayoría son individuos pero también hay muchas familias", de una población de 1,5 millones de inmigrantes, sobre todo de origen mexicano.
"Estamos a la espera de ver si Trump se concentra solo en las personas con órdenes de deportación", apuntó el responsable de FIEL Houston.
Entretanto, aseguró que están preparados, dando "aliento y calma…" a aquellas personas que puedan verse afectadas por la medida.
Mientras, en otra de las urbes que serán blanco de las redadas, Baltimore, la directora ejecutiva de Asylee Women's Enterprise, Tiffany Nelms, cuyo grupo trabaja con inmigrantes que podrían ser blanco potencial de las redadas, consideró en declaraciones telefónicas a Efe que esta medida demuestra "el fracaso del sistema".
"Aquí, en Baltimore, va a impactar sobre todo a familias con órdenes de deportación", subrayó Nelms, que señaló que es difícil estimar el número.
"En nuestra comunidad -siguió- hay sobre todo gente de Guatemala y El Salvador, en su mayoría mujeres que huyen de la violencia doméstica en sus países", añadió.
Esta activista llamó la atención sobre los problemas a los que se enfrentan los demandantes de asilo. "Para los inmigrantes es difícil tener representación legal en sus procesos de asilo porque no tienen recursos para pagar a un abogado", lamentó Nelms, quien subrayó que se pueden llegar a pagar hasta 100.000 dólares por un letrado.
Nelms todavía recuerda cómo a finales de junio muchos de los inmigrantes a los que su organización ofrece asistencia pasaron el fin de semana encerrados en sus casas ante el temor de que las redadas se iniciaran en aquel entonces.
Este viernes Trump confirmó que su Gobierno iba a iniciar el domingo redadas en nueve urbes para deportar a "miles" de indocumentados, después de que The New York Times lo adelantara.
La subdirectora de Políticas de Inmigración de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Ruthie Epstein, no descartó que las autoridades "acaben arrestando a gente que son miembros de las comunidades (de acogida en EEUU) desde hace mucho tiempo".
"El miedo y el daño a las comunidades en EEUU generado por estas redadas masivas no se puede minusvalorar, es devastador", denunció Epstein en declaraciones a Efe.
Ante esta situación, ACLU urge a las familias de inmigrantes e individuos "que puedan ser vulnerables a que se familiaricen con sus derechos, contacten con redes locales de respuesta rápida o sus abogados personales y que hagan planes en caso de urgencia".
Según funcionarios consultados por The New York Times, ICE buscará primero a unos 2.000 inmigrantes que ya han recibido órdenes de deportación y que, en algunos casos, no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración.
Un estudio de diciembre del año pasado del centro de pensamiento conservador Instituto Cato señalaba, empleando datos oficiales, que en 2018 ICE deportó a 95.360 inmigrantes indocumentados que estaban en el interior del país y a 81.603 en 2017 (Trump accedió a la Presidencia en enero de 2017).
Durante la Administración de Barack Obama (2009-2017) el máximo número de deportaciones se alcanzó en 2011, con 237.941.
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