Los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) han vivido un tormento con el presidente Donald Trump, quien decidió eliminar el programa promulgado por su antecesor, Barack Obama.
El DACA, que protegía de la deportación a 690.000 jóvenes indocumentados llegados al país siendo niños, ha estado en discusión desde entonces. En enero de 2018, cuatro meses después de su cancelación, un juez federal de California ordenó que el programa se mantuviera y que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) continuara aceptando renovaciones.
Al de California le siguieron otros dos magistrados federales y ello llevó a la Administración a pedir la intervención de la máxima instancia judicial, casi al mismo tiempo que una corte federal de apelaciones respaldaba el bloqueo a la eliminación del programa.
El mandatario dio entonces hasta el 5 de marzo del año siguiente para que el Congreso encontrase una solución a esta situación de desamparo legal, una fecha límite que fue noqueada por decisiones de cortes menores.
El pasado 3 de junio, el Supremo rechazó valorar por el momento la intención de Trump de eliminar el DACA, aunque esa orden no impide la posibilidad de que los jueces admitan a trámite esta cuestión en el futuro.
Expertos indicaron consideraron entonces improbable que esto suceda antes de que todos los tribunales de menor instancia que tienen casos relacionados se pronuncien al respecto.
Lee: Avanza una ley en el Congreso para dar ciudadanía a los beneficiarios de DACA y TPS
Un día después de la decisión de la Corte, la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley ideado para que los amparados por el DACA, así como por los programas de Estatus de Protección Temporal (TPS) y Partida Forzada Diferida (DED) accedan a la ciudadanía.
La medida, que fue avalada con 237 votos a favor (todos los demócratas y siete republicanos) y 187 en contra. Sin embargo, necesitará del visto bueno del Senado, controlado por los conservadores.
El TPS fue creado en 1990 y a través de él, el Gobierno concede permisos de forma extraordinaria a los ciudadanos de naciones afectadas por conflictos bélicos o desastres naturales.
El programa DED es similar al TPS y permite aplazar la deportación de personas que podrían correr peligro de ser enviadas a los países donde hay inestabilidad política o desastres naturales.
El jueves pasado, también los magistrados del Supremo debatieron a puerta cerrada si incluyen la revisión del DACA en el calendario de debates de 2020, que empieza en enero y donde se determinaría en última instancia si mantiene el programa o les da el golpe final.
Para ese año, Estados Unidos estará embarcado en la campaña de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, en las que el actual gobernante, Donald Trump, buscará su reelección.
Con información de EFE
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