Un grupo de abogados de Miami busca que la Justicia de EEUU entregue el dinero malversado de PDVSA al pueblo venezolano

En los últimos años la Justicia de Estados Unidos confiscó cientos de millones de dólares a funcionarios chavistas que invirtieron enormes sumas de dinero -robado de las arcas del gobierno venezolano- en suelo norteamericano. Ahora, un grupo de abogados de Miami busca que ese dinero, en su mayoría malversado de la petrolera estatal PDVSA, sea entregado al pueblo venezolano.

De acuerdo a las leyes norteamericano, Venezuela, en calidad de estado soberano, no es "víctima" de los delitos de malversación de fondos.

El caso más reciente, y uno de los más resonantes, es el de Alejandro Andrade, ex tesorero de Venezuela, quien en diciembre de 2017 se declaró culpable de participar en un plan para lavar miles de millones de dólares, junto al magnate de la televisión venezolana, Raúl Gorrín. Una corte del Distrito Sur de Florida lo sentenció a diez años de prisión y le decomisó mil millones de dólares que había invertido en una finca ecuestre, caballos de equitación, autos de lujos y cuentas bancarias en ese estado norteamericano.

En noviembre pasado, cuando se anunció la condena, los fiscales del caso aclararon que esos activos pertenecen al Tesoro de Estados Unidos, no al gobierno de Venezuela.

El abogado William Tunkey es socio de un bufete miamense con amplia experiencia en defensa de casos penales. Si bien evitó identificar a su cliente venezolano, según consigna El Nuevo Herald, su objetivo es recuperar esos cientos de millones de dólares -no sólo de Andrade, sino de otros tantos "cleptócratas"- y que sean destinados al pueblo venezolano, que atraviesa la peor crisis en la historia del país.

Lo único que confirmó de esta persona en cuestión es que no está alineada a la dictadura de Nicolás Maduro, pero tampoco aseguró si es cercano al presidente interino Juan Guaidó.

Así como esperan que el dinero ya robado sea enviado para el pueblo venezolano, los abogados esperan que cualquier otro dinero que las autoridades federales incauten en el futuro también tenga como beneficiarias a las verdaderas víctimas. Esta moción fue presentada este mes ante un tribunal local, informa el Nuevo Herald.

Con el caso de Andrade ya resuelto, Tunkey presentó una solicitud de acceso a los activos decomisados en otro caso pendiente en Miami, en el que nueve funcionarios, empresarios y gerentes de inversiones están acusados de operar una trama de lavado de dinero por valor de 1.200 millones de dólares durante la presidencia de Maduro. Sólo dos de los acusados se han declarado culpables; el resto está fugitivo o detenido fuera de Estados Unidos.

Los abogados pidieron el "estatus de víctima" para el pueblo venezolano antes de la sentencia en julio de Abraham Edgardo Ortega, un ex ejecutivo de PDVSA, que aceptó sobornos a cambio de permitir acceso al sistema de cambio de divisas de la petrolera estatal. Ortega se declaró culpable a finales de octubre de haber aceptado 12 millones de dólares en sobornos. Frente a este caso, los abogados, mediante una moción ante el tribunal, pidieron a la jueza federal de distrito Kathleen Williams que celebre una audiencia para determinar las pérdidas sufridas por Venezuela a raíz de la conducta de Ortega: "Venezuela solicitará una restitución y sugerirá que cualquier dinero recuperado sea colocado en una cuenta reservada administrada por una tercera parte… para beneficio del pueblo venezolano".

Esta petición se suma a proyectos de ley que han sido presentados en el Congreso de EEUU con el mismo fin. Este mes, el senador republicano Marco Rubio, uno de los más activos en la causa venezolana, impulsó la Ley VERDAD (Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance, and Development Act). Por medio de esa legislación, tanto Rubio como otros senadores de ambos partidos buscan establecer un fondo de activos confiscados a "cleptócratas" que sean entregados "a un futuro gobierno en Venezuela".

"Mientras Maduro y su pandilla de narcoterroristas sigue manteniendo al pueblo venezolano de rehén en su fracasado régimen socialista, el Senado federal envía un claro mensaje bipartidista con la presentación de la Ley VERDAD (Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance, and Development Act) [Ley para la asistencia de emergencia, impulso a la democracia y el desarrollo] (…) Esta legislación ofrecerá la necesaria asistencia humanitaria y apoyo para el largo camino [que le espera al pueblo venezolano] al orden democrático", explicó el ex precandidato presidencial republicano en un comunicado.

Pese a los argumentos legales, Russell Dallen, abogado y gerente de inversiones con negocios en Miami y Caracas, explicó: "¿Quién representa al gobierno de Venezuela en este caso? Es pregunta legítima: ¿Es el gobierno de Guaidó o el gobierno de Maduro? Si son los muchachos buenos de Guaidó, entonces [el gobierno de Estados Unidos] estaría dispuesto a darles el dinero".

A esta idea se suman otros expertos jurídicos, quienes consideran que la única forma de que el dinero llegue al pueblo venezolano es a través de Guaidó, quien es reconocido por Estados Unidos como presidente legítimo de Venezuela.

Michael Camilleri, abogado de derechos humanos de Diálogo Interamericano, un grupo de Washington que promueve la democracia en América Latina, y Fen Osler Hampson, director ejecutivo del Consejo Mundial para los Refugiados, citaron en enero pasado en el Washington Post un ejemplo de fondos recuperados por Estados Unidos en tramas de corrupción en Kazajstán. En un decomiso civil por parte del Departamento de Justicia, los 115 millones de dólares fueron donados a una fundación caritativa supervisada por el Banco Mundial a beneficio de jóvenes y familias pobres. Los fondos no pasaron por manos del gobierno kazajo.

"Los retos prácticos y políticos tienen que ver con el hecho que el régimen de Maduro es responsable de la corrupción en cuestión y no sería un administrador adecuado de esos fondos (…) Entregar esos fondos al gobierno interino de Guaidó es más aceptable", aseguró Camilleri.

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