Estados Unidos dijo el miércoles que decidirá el 1 de mayo si habilita demandar a empresas extranjeras en Cuba por usufructuar propiedades confiscadas por la revolución de 1959, en medio de su arremetida contra La Habana por apoyar a al régimen de Nicolás Maduro.
En teoría, el Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 permite presentar reclamos contra compañías que se benefician de activos nacionalizados después de la revolución de Fidel Castro.
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Pero desde la aprobación de la ley, los gobernantes postergaron la entrada en vigor de esa cláusula cada seis meses para evitar problemas con países aliados que tienen empresas en la isla que podrían ser objeto de tales demandas.
La administración de Donald Trump rompió sin embargo con esa práctica y el 16 de enero emitió una suspensión de sólo 45 días, cuya vigencia el secretario de Estado, Mike Pompeo, decidió ahora prorrogar.
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"En el día de hoy, el secretario Pompeo anunció su decisión de continuar por dos semanas, del 18 de abril al 1 de mayo de 2019, la suspensión que rige actualmente, con una excepción, al derecho a presentar una acción conforme al Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática en Cuba (LIBERTAD) de 1996″, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
La suspensión no se aplica al derecho a demandar a entidades cubanas que controlen propiedades confiscadas por el régimen cubano, algo que el Departamento de Estado habilitó días atrás.
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"Instamos a todas las personas que realizan actividades comerciales en Cuba a reconsiderar si están incurriendo en tráfico de bienes confiscados y apoyando a la dictadura cubana", dijo el miércoles el Departamento de Estado.
Y añadió que sigue analizando las condiciones de derechos humanos en Cuba y haciendo seguimiento al "apoyo militar, de seguridad y de inteligencia" del régimen cubano a Maduro, a quien atribuyó "la represión, la violencia y la crisis humanitaria" en Venezuela.
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El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó en Twitter el anuncio de Pompeo y llamó a la ley Helms-Burton una "aberración que jamás debió existir".
"Viola el Derecho Internacional, daña a toda #Cuba, a cada familia. 191 países reclaman sea eliminada en su totalidad. La agresión de EEUU contra #Venezuela debe cesar sin más pretextos", sostuvo.
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Su declaración fue secundada por Johana Tablada, segunda jefa de la dirección Estados Unidos en la cancillería cubana, quien afirmó también en la red social que el hecho de que Washington "opte por seguir jugando con los plazos" para aplicar esta ley "es una tomadura de pelo (…) que a nadie sorprende".
Con información de AFP
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