Una legisladora de Arizona propuso un impuesto a la pornografía en línea para recaudar fondos para el muro

Una legisladora de Arizona dijo que añadir un impuesto a la pornografía podría ayudar a recaudar los millones de dólares necesarios para construir un muro fronterizo y poner fin al cierre del gobierno federal.

Gail Griffin, una republicana que representa al distrito de Hereford, busca que se cobren USD $20 cada vez que las personas quieran ver pornografía en línea. Por eso propuso un proyecto de ley en la Cámara Representante de Arizona que obligaría a los fabricantes de dispositivos electrónicos a instalar un software que bloquee la pornografía.

Para librar el bloqueo, los usuarios tendrían que demostrar que tienen más de 18 años y pagar los USD $20 a la Autoridad de Comercio de Arizona, según la República del estado.

El dinero se recolectaría en una cuenta llamada "Fondo de trata de personas y trata de niños de John McCain". McCain fue un senador estadounidense por mucho tiempo de Arizona que murió en agosto a causa de un cáncer cerebral.

Los fondos recaudados se utilizarían para distintos objetivos, entre los que destacan "construir un muro fronterizo entre México y Arizona o financiar la seguridad fronteriza". También otorgaría subvenciones para servicios de salud mental, vivienda temporal, distritos escolares y cumplimiento de la ley.

La propuesta parece estar inspirada en una idea similar planteada en marzo por un activista anti-gay que intentó casarse con su computadora portátil para protestar por la legalización de bodas entre personas del mismo sexo.

No es la primera propuesta dirigida a tasar con impuesto la pornografía. En Virginia, Kentucky, Alabama, Utah, Rhode Island y Carolina del Sur, ha habido intentos sin éxito.

Los grupos de libertades civiles y los defensores de la industria del entretenimiento para adultos han denunciado las propuestas como inconstitucionales. La única diferencia entre esta última propuesta en Arizona y las otras es que introduce fondos para un muro fronterizo.

Hace unos meses la propuesta llamada "Ley Elizabeth Smart" se apoderó de los titulares por su inusual enfoque: requería instalar un filtro digital a las imágenes que se podría eliminar con una tarifa de USD $20.

Smart, quien fue secuestrada de su casa en Utah cuando era una adolescente en 2002, envió una carta de cese y renuncia para exigir que se retirara su nombre de dicha ley.

El grupo de defensa contra la pornografía, del Centro Nacional de Explotación Sexual, exigió el año pasado que el hombre detrás de la legislación, Chris Sevier, deje de afirmar que apoyó su trabajo.

A pesar de esas cuestiones, las preocupaciones constitucionales planteadas por grupos, incluida la American Civil Liberties Union, los proyectos de ley similares presentados por Sevier, siguen vigentes en algunas legislaturas estatales.

La Electronic Frontier Foundation, que se opone a la idea de que se establezca un cobro, ha rastreado alrededor de dos docenas de proyectos de ley similares en 18 legislaturas estatales este año.