
La política internacional fue sacudida esta semana por dos hechos históricos y polémicos: la condena a prisión de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y el considerado autogolpe de Estado que dio el destituido presidente de Perú, Pedro Castillo. De este último suceso, en Colombia, las reacciones no tardaron en llegar y el mismo jefe de Estado, Gustavo Petro Urrego, rompió el silencio al respecto.
Fue en la mañana de este jueves 8 de diciembre cuando el primer mandatario colombiano utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la crisis política que enfrenta la nación fronteriza: el que hasta este miércoles fue el presidente decretó la disolución del Congreso, ordenó un toque de queda y anunció nuevas elecciones legislativas. A Castillo le salió, como dice el dicho, el tiro por la culata y terminó siendo destituido y ahora está ad portas de ir preso por los delitos de sedición y rebelión.

Sobre este hecho que tiene al mundo político ‘con los pelos de punta’, el presidente de Colombia respaldó al exmandatario peruano y, en primera instancia, aseguró que el que los congresistas de ese país lo destituyeran, no solo por el golpe de Estado sino también por varios hechos de presunta corrupción, era “una derrota” porque, a su juicio, lo separaban del pueblo que lo eligió democráticamente.
“Lo que significa separarse del pueblo: la derrota. Una transformación democrática de un país implica la plena movilidad de su sociedad. Separarse del pueblo y pensar el gobierno como un simple ejercicio tecnoburocrático, no lleva sino a la derrota histórica”, aseveró el jefe de Estado.

Además, en otra publicación, Petro fue más allá y aseguró que, desde que Pedro Castillo llegó al poder a la nación peruana en junio de 2021, fue “arrinconado” por el hecho de ser maestro.
Es más, calificó como un “suicidio político” las acciones que adelantó recientemente y que ahora lo podrían llevar hasta 20 años a la cárcel. Actualmente, el expresidente de ese país está recluido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en el distrito peruano de Ate, donde se encuentra recluido el exmandatario y exdictador, Alberto Fujimori.

En otros apartes de su pronunciamiento, el mandatario de los colombianos invitó a la sociedad peruana al diálogo. “Ojalá Perú encuentre la senda del dialogo de su sociedad toda”, dijo Petro.
Además, reveló que cuando se reunió con el exmandatario este estaba “atribulado” porque intentaban allanar la sede del Ejecutivo peruano donde vive con su esposa, Lilia Paredes, y su hija. Sin embargo, repudió las acciones de Castillo al querer diluir al parlamento de ese país.
Así mismo, Petro cuestionó a Luis Almagro, Secretario General de la OEA, por no “respetar” a Castillo y, de nuevo, invitó a los países de la región al diálogo “sin juicios sin delito, o con golpes parlamentarios, que el progresismo no debe jamás imitar, como se construirá un camino pacífico, sólido y democrático para América Latina”, agregó el mandatario.

A su vez, recordó la muerte del expresidente chileno Salvador Allende, quien murió en medio de un golpe de Estado en su contra perpetrado por las fuerzas militares de ese país.
Las reacciones del presidente colombiano se suman a una ola de comentarios sobre este hecho político que, incluso, fue repudiado por grandes potencias del mundo como Estados Unidos.
¿Qué sigue en el caso de Pedro Castillo?
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria tendrá una audiencia este miércoles, desde las 10 de la mañana hora peruana, con el fin de evaluar el requerimiento de la Fiscalía de la Nación para que el expresidente Castillo tenga detención preliminar tras el fallido autogolpe de Estado que quiso ejecutar ayer en su país.
El Ministerio Público dispuso este miércoles abrir una investigación preliminar y realizar una serie de diligencias contra Castillo por haber cometido los presuntos delitos de rebelión y conspiración que están estipulados en los artículos 346 y 349 del Código Penal. Por ambos ilícitos, el maestro rural podría purgar hasta una condena de 20 años de prisión.

En el Título XVI del capítulo I del documento, referente a acciones que atentan contra el Estado y orden constitucional, se especifica que quien “se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años, y expatriación”.
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