Gobernador de Boyacá será investigado por corrupción anunció la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por posibles irregularidades en la suscripción de un contrato con una empresa representada por una presunta aportante a su campaña política, durante la emergencia económica, social y ecológica decretada por covid-19.

De acuerdo con la denuncia hecha en junio de 2020, la gobernación habría asignado un contrato de transporte a la empresa Los Muiscas S.A., por valor de $70 millones, cuya representante legal habría realizado aportes a la campaña política del hoy mandatario de los boyacenses.

La investigación disciplinaria señala que “la queja, sugirió en su momento que, al parecer esta contratación se realizó como presunto pago de favores, a esta aportante a la campaña del citado gobernador”.

El ente de control ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió y la responsabilidad disciplinaria.

Así mismo, en desarrollo de este proceso y por conexidad con los hechos, el Ministerio Público verificará la existencia de otro tipo de contratos suscritos entre la gobernación de Boyacá y los representantes legales de la citada empresa de transporte.

Ramiro Barragán Adame es Administrador Público de la ESAP, especialista en Gestión de entidades territoriales y en derecho administrativo de la Universidad Externado de Colombia.

Realizó los programas “Desarrollo Comunitario en una era de cambio” con el Mashav en Israel y “Altos estudios en Gerencia política y Gobernabilidad”, Universidad del Rosario, CAF y George Washington University. Ha tenido experiencia pública en Nariño y Casanare. Fue asesor del Senado de la República y alcalde de Nobsa (2004-2007).

En las últimas horas también se conoció que la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 17 años a exsecretario General y de Gobierno de Istmina, Chocó, César Emilio Mosquera Murillo (2012-2013), por presunta adulteración de documentos, a partir de los cuales, habrían entregado certificados falsos para el reconocimiento indebido de pensiones de gracia a docentes del municipio.

El ente de control comprobó que el disciplinado aprovechó su cargo y funciones para acceder, junto con abogados litigantes externos, a información privilegiada con el fin de falsificar ocho decretos de nombramiento que sirvieron de prueba para que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) reconociera ese derecho a 56 educadores.

Por haber actuado con conocimiento y voluntad, la falta de Mosquera Murillo fue calificada como gravísima cometida a título de dolo. El Ministerio Público señaló que el sancionado podrá apelar la decisión disciplinaria de primera instancia.

En la misma decisión, la Entidad absolvió al entonces secretario General y de Gobierno de Istmina, Dhaian Miguel Mosquera Valencia (2013-2015), por cuanto no se encontró prueba que demuestre su concierto para delinquir con los abogados externos.

Finalmente, la Procuraduría remitió copia del fallo al Ministerio de Educación Nacional para que construya una base de datos de los docentes vinculados a los entes territoriales, y la comparta con las entidades que deben reconocer derechos prestacionales a estos trabajadores, a fin de prevenir este tipo de conductas.

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