Dictan medida de aseguramiento contra el alcalde de Neiva por irregularidades en el PAE

Gorky Muñoz Calderón deberá permanecer recluido en su lugar de residencia mientras se adelantan las investigaciones en su contra

La Fiscalía ya había pedido que Muñoz fuera privado de su libertad en un centro carcelario al considerar necesaria y proporcional la medida mientras se adelantan las investigaciones en su contra. Sin embargo, la Juez ordenó medida domiciliaria.
La Fiscalía ya había pedido que Muñoz fuera privado de su libertad en un centro carcelario al considerar necesaria y proporcional la medida mientras se adelantan las investigaciones en su contra. Sin embargo, la Juez ordenó medida domiciliaria.

La jueza Séptima Penal Municipal de Neiva con Función de Garantías emitió una orden de medida de aseguramiento con detención domiciliaria en contra de Gorky Muñoz Calderón, alcalde de la capital del departamento de Huila, en medio de la investigación que se adelanta en su contra por las presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la ciudad.

La Fiscalía ya había pedido que Muñoz fuera privado de su libertad en un centro carcelario al considerar necesaria y proporcional la medida mientras se adelantan las investigaciones en su contra. Sin embargo, la Juez ordenó medida domiciliaria.

Según la togada, halló pruebas razonables de la presunta autoría del alcalde de Neiva en las conductas de interés indebido en la celebración de contratos y régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Esto se da luego de haber quedado en firme la imputación de cargos en contra de Muñoz y otros seis exfuncionarios y contratistas, los de El Charco, Nariño, por presuntos delitos de peculado por apropiación, además de los ya mencionados interés indebido en celebración de contratos y violación del régimen de inhabilidades.

En este sentido, por la orden judicial, el alcalde deberá permanecer en su lugar de residencia afrontando el proceso penal. Asimismo, se ordena la suspensión de su cargo como mandatario de los ciudadanos de Neiva.

Sin embargo, por tratarse de un alcalde, la medida no será de inmediato cumplimiento, sino que pasará a revisión por parte de un juez con funciones de conocimiento, que deberá decidir si la deja en firme o la revoca.

“Vamos a reunirnos con los abogados para analizar la decisión y en unas horas nos pronunciaremos más ampliamente sobre el camino jurídico que se viene. Por ahora decirles que estén tranquilos. La Administración Municipal no se paralizará. Continuaremos trabajando de día y de noche para cumplir cada una de las metas que nos hemos propuesto para hacer de Neiva, un territorio de vida y paz”, dijo Muñoz tan pronto como conoció la orden judicial a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que los otros imputados en este caso fueron el exsecretario de educación Giovanny Córdoba Rodríguez, los asesores jurídicos Juan Felipe Molano y Andrés Camacho Cardozo; la representante de la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando), Carmen Castillo, y el de la Fundación Colombia Florece, de Tumaco (Nariño). También, Miguel Banguera, y Aiden Vergara Quiñónez.

Vergara Quiñones habría aportado dinero a la campaña de Gorky, que se hizo elegir en octubre de 2019 con el apoyo de un grupo significativo de ciudadanos a través de firmas. Después, según la Fiscalía, Asoformando fue beneficiada con el contrato del PAE y de mercados para la contingencia sanitaria de 2020, causada por la pandemia de covid-19.

La decisión de conceder estos contratos a entidades de otro departamento despertó la suspicacia del fiscal Juan Carlos Durán Cujar, ya que casualmente Vergara, el benefactor de Muñoz, hace parte de la junta directiva de esa organización y de la interventora, Colombia Florece. El contrato, además, acaparaba el excedente que dejó la administración de Rodrigo Lara Sánchez: un saldo a favor de 5.300 millones de pesos.

Según el periódico local La Nación, el contrato obligaba a Asoformando a entregar 105 mil raciones de alimento para estudiantes de instituciones educativas públicas, urbanas y rurales. Al fiscal se le hizo muy extraño que los dineros fueran desembolsados con una inusitada rapidez.

Entonces, al celebrar ese contrato sin licitación previa y a dedo, el funcionario cree que se pudo incurrir en un conflicto de intereses y se habría hecho un mal uso de la situación de urgencia manifiesta que el Gobierno nacional había declarado en aquel entonces para acelerar las medidas de mitigación locales.

Durante esta diligencia ante la jueza, el ente de control también solicitó que se les imponga medida de aseguramiento preventivo y una pena de 18 años de prisión a los otros presuntos implicados por la responsabilidad en los hechos. No obstante, ni Muñoz ni el resto de los imputados aceptaron los cargos; todos se declararon inocentes.

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