“Las acciones de la fuerza pública deben estar siempre apegadas a la Constitución y a la ley”: Justicia y Paz

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que el pasado viernes 10 de junio se presentaron confrontaciones armadas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en los caseríos de Quebrada Bonita y Santa Lucía, en el departamento del Chocó.

Según relató la organización de defensa de derechos humanos, los primeros ataques se presentaron desde las 9:30 a. m. hasta las 11:10 a. m. del pasado viernes.

En su comunicado, también señalaron que la operación con unidades militares por tierra y aire se realizó con ametrallamientos aéreos que afectaron a los civiles, que en medio de las confrontaciones, se vieron obligados a dejar sus actividades diarias como la siembre de arroz y maíz.

Por los ataques, algunas familias quedaron en situación de confinamiento y otras se desplazaron a la Zona Humanitaria Nueva Vida, ubicada a 35 minutos del sitio de los hechos. En la carta pública, Justicia y Paz, destacó que a las 12:15 del día se reactivaron las operaciones aéreas y por tierra.

Siguiendo con el relato de la comisión, “hacia la 1:10 p.m. se presentó otro sobrevuelo de los tres helicópteros sobre el área entre Quebrada Bonita y Santa Lucía. A eso de las 2:50 p.m., aunque han cesado las operaciones de fuego entre fuerzas militares y las AGC, continúan sobrevuelos de helicópteros. A las 2:49 p.m. se produjo un sobrevuelo sobre la Zona Humanitaria de Nueva Vida”.

Para Justicia y Paz, “las acciones de la fuerza pública deben estar siempre apegadas a la Constitución y la ley, nuevamente el desconocimiento de 25 años de operaciones armadas institucionales con profundas huellas dolorosas, se reeditan con este tipo de operaciones”.

La comisión hace referencia a los operaciones Génesis y Cacarica que se realizaron en 1997. La primera, encabezada por la XVII Brigada del Ejército, comandada por el general Rito Alejo del Río Rojas, el 24 de febrero.

Por su lado, la Operación Cacarica, se realizó entre el 23 de febrero al 5 de marzo de ese año, la cual estuvo a cargo de William Manuel Soto Salcedo, alias ‘Soto’, Luis Carlos Mercado Gutiérrez, alias ‘Pantera’, y Fernando Oquendo Estrada, alias ‘Ramiro’.

Esos días, los paramilitares ingresaron por la cuenca del río Cacarica y asesinaron al afrodescendiente Marino López Mena, con cuya cabeza los hombres armados jugaron futbol. La justicia colombiana señaló que en esos días de ataque, se realizó una “limpieza social” de guerrilleros. El saldo, según documentos de la justicia colombiana, fue de 9.000 personas desplazadas forzosamente de las cuencas de los ríos Salaquí, Truandó y Cacarica.

Según constató la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esos días no hubo combates entre paramilitares e integrantes de la Fuerza Pública. “La Corte concluye que en las acciones en la cuenca del río Cacarica se produjeron actos de colaboración entre integrantes de la Fuerza Pública que ejecutaron la Operación Génesis y las unidades paramilitares que llevaron a cabo la Operación Cacarica”, se lee en la sentencia contra el Estado colombiano.

El comunicado de Justicia y Paz finalizó con un mensaje al Gobierno nacional: “la negativa del presidente Duque a dar respuesta a la red Somos Génesis de asumir un Acuerdo Humanitario Global que posibilitara ceses de fuego, está mostrando sus consecuencias sobre poblaciones que llevan más de 30 años viviendo este tipo de situaciones”.

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