El alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, dijo que ya hay garantías de seguridad en Urabá

En horas recientes, desde Urabá, el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, en medio de un diálogo adelantado con Caracol Radio, despejó las preocupaciones de la ONU respecto al paro armado desatado por el Clan del Golfo en los departamentos de Córdoba, Magdalena, Sucre, Cesar, Antioquia y Chocó, al decir que el Gobierno nacional ya se estaba haciendo cargo de lo que está ocurriendo allí. Según destacó, se fortaleció la inteligencia militar y la cantidad de hombres de las fuerzas públicas que hacen presencia en la zona.

“Nuestra fuerza pública es garante para que la ciudadanía salga al comercio y disfrute del territorio, se equivocan quienes quieren amedrentar a la población civil, se equivocan quienes creen que el gobierno se va a intimidar por estas situaciones. Están todas las para que la comunidad a partir de la confianza salga, y tengan una rutina en paz con tranquilidad este es el mensaje que estamos dando”, dijo.

“Tenemos la ruta de la legalidad, para que muchos de los integrantes de los grupos armados organizados sometan individualmente a la justicia, en este gobierno más de 1800 integrantes de grupos armados han retornado a la legalidad”, agregó.

A pesar de lo comentado por el funcionario, se supo de la existencia de una carta firmada por los 19 alcaldes del occidente de la subregión de Antioquia y dedicada al presidente colombiano, Iván Duque. En ella alertaron de la compleja situación de inseguridad que vive la comunidad a causa de las acciones de grupos armados al margen de la ley.

“Seguimos acorralados por estos grupos delincuenciales y estamos solos para atender a las comunidades quienes se siente desprotegidos e intimidados (...) el territorio está sometido a un accionar paramilitar donde los afectados siempre son los habitantes más vulnerables (...) Consideran que es absolutamente necesario abordar de nuevo la opción de la solución negociada del conflicto armado a través del diálogo y procesos de sometimiento a la justicia”, dice el documento.

30 municipios del departamento del Chocó y 11 del Urabá le exigieron a Clan del Golfo, en el comunicado “tener en cuenta el Derecho Internacional Humanitario, de modo que cesen las acciones violentas y le pidieron al gobierno nacional garantizar la paz de forma permanente”.

Esta misma semana, de hecho, se informó que el conflicto ya estaba dejando otro tipo de problemas, como el desabastecimiento de gas en varios pueblos de esa zona del país. Fue la EPM (Empresas Públicas de Medellín) quien confirmó esto. “Por situación de orden público en la subregión Urabá, el vehículo que transporta el gas con sistemas de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuado (GNL) hacia Arboletes para atender 2.966 usuarios, se encuentra detenido en un lugar seguro, a la espera de que las autoridades tengan control de la zona y garanticen las condiciones para su llegada a la estación descompresora de gas”, denunció la compañía.

Según Restrepo, los señalados delincuentes tienen tres caminos: verse obligados a ser neutralizados por la fuerza pública, ser ‘dados de baja si se enfrentan a la institucionalidad’; ser capturados, puestos presos y extraditados, ‘como le ocurrió al bandido de Otoniel’; o someterse a la justicia a partir de la ruta de la legalidad.

“Fueron 24 los vehículos incinerados y quiero resaltar es la acción unificada de la fuerza pública y de todos los demás organismos de seguridad. Ayer tuvimos el consejo de seguridad con la presencia del Ejército, la Fiscalía, la Procuraduría y la Gobernación de Antioquia, con la participación virtual de los alcaldes de todos los municipios”, dijo a RCN Mundo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, sobre el balance general de actos violentos.

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