
La Contraloría General de la Nación informó que encontró irregularidades por unos $9.000 millones en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de los arriendos de las Islas del Rosario. Frente al hallazgo, el Gobierno nacional anunció que adelantará acciones legales.
Según dio a conocer el órgano fiscal, la ANT no estaba cumpliendo con la ejecución de los procesos contractuales, fijación de precios y control de ocupación de los bienes baldíos en las Islas del Rosario.
En una actuación especial de la Contraloría se detalló que, de los 128 contratos de arrendamiento en los baldíos de las Islas Rosario, 68 se encuentran vencidos, 31 registran mora superior a los 90 días, mientras que otros 9 no pagan desde hace más de cinco años, así lo conoció NotiCentro 1 CM&.
A eso, el órgano fiscal le sumó, según reportó el diario El Espectador, que también encontraron un deterioro en la cartera de la Agencia Nacional de Tierras y una gestión antieconómica para poder recuperar los recursos que no han pagado los arrendatarios de las Islas del Rosario.
A renglón seguido, Romero indicó al mismo medio que, ante las advertencias, se procedió a renegociar dichos contratos de arrendamiento. “Es importante tener una base, un avalúo, para calcular el arriendo que se va a hacer, pero no nos parece razonable que una persona que tiene una casa de recreo que paga, pague un arriendo parecido a quien tiene un hotel o un pasadía. Creemos que el Estado debería participar más de estos recursos y reinvertirlos en la región”, dijo el contralor delegado.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, aseguró que ya le dieron instrucciones a la Agencia Nacional de Tierras para poner en marcha las acciones judiciales pertinentes para “lanzar o para sacar a las personas que están de manera ilegal en esos sitios”.
Cabe recordar que el pasado mes de enero la Contraloría General ya había alertado de la presunta pérdida de $5.134 millones en dichos contratos de arrendamiento de las Islas del Rosario, cifra a la que además agregaban $737 millones por no iniciar procesos ejecutivos de cobro, $4.013 millones por no iniciar procesos administrativos o jurídicos para recuperar el dinero, y otros $383 millones por cobro de cánones de arriendo a precios inferiores.
En ese sentido, el órgano fiscal indicó en ese entonces que llamaba “la atención que, pese a no cumplir lo dispuesto en la normatividad vigente, los contratos no han sido dados por terminados por parte de la Agencia Nacional de Tierras”, ante lo que la Contraloría señaló que, dicha situación, “conllevaría prácticamente a la pérdida de todos los recursos públicos que adeudan los arrendatarios de Islas del Rosario y San Bernardo”.
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