Cárcel a exfuncionario de la Gobernación de Santander por irregularidades en remodelación del estadio Alfonso López

La Fiscalía impuso medida de aseguramiento al exdirector de Proyectos de Infraestructura de la Gobernación y a un contratista por presuntas irregularidades en un contrato de reforzamiento del Estadio de Bucaramanga

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Estadio Alfonso López de Bucaramanga.
Estadio Alfonso López de Bucaramanga. (Colprensa-Miguel Vergel/Vanguardia)

La Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento al exdirector de Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Santander, Julián Libardo Jaramillo, y al contratista Octavio Reyes, por presuntas irregularidades en un contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga por un valor de $22.027 millones.

El ente investigador evidenció que el exasesor y el contratista estaban presuntamente involucrados en múltiples irregularidades detectadas en la fase precontractual, contractual y ejecución de un contrato que contemplaba el reforzamiento estructural y la adecuación del estadio Alfonso López, el Coliseo Vicente Díaz Romero, y una piscina olímpica en la capital santandereana.

“El material de prueba da cuenta de que los hoy procesados habrían participado en reuniones en las que se ajustaron los términos de la licitación. Al parecer, Reyes Sarmiento recibió información privilegiada para mejorar su oferta y propuesta comercial para quedarse con el contrato de obra, como efectivamente ocurrió”, indicó la Fiscalía.

A su vez, señaló que la en medio de la investigación se pudo establecer que, previamente, se había acordado el pago de dádivas que representaban el 16 % del valor del contrato, de las cuales el 3 % corresponderían supuestamente al entonces asesor y director de proyectos de la Gobernación de Santander que estaba dirigida por el senador Richard Aguilar.

Asimismo, se pudo evidenciar que durante la etapa de ejecución se entregaron anticipos por el 50 % del monto del contrato, cerca de $11.000 millones, al tiempo que se autorizó una adición presupuestal, sin que las obras avanzaran según lo previsto en el cronograma, seis meses después.

“Para este trámite, supuestamente, se utilizaron 18 documentos falsos (facturas y cuentas de cobro). De igual manera, para justificar los desembolsos, se incluyeron precios unitarios con exagerados sobrecostos y cobros por actividades que no se realizaron. Estas acciones ilegales generaron un peculado por 7.982 millones de pesos”, señaló el ente investigador.

Por estos hechos, el exasesor y el contratista fueron imputados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, peculado por apropiación, soborno en la actuación penal, falsedad ideológica en documento privado, cohecho por dar u ofrecer y falsedad ideológica en documento público.

Sin embargo, los exfuncionarios no aceptaron los cargos ante un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, razón por la cual deberán cumplir medida de aseguramiento privativo de la libertad, el exdirector de proyectos Julián Jaramillo en centro carcelario, mientras que el contratista Octavio Reyes en su lugar de residencia.

Se revelan detalles de la investigación por la que fue capturado el senador Richard Aguilar

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, cuatro contratos firmados por Aguilar entre 2012 y 2015 tienen irregularidades.

El primer contrato que abrió la investigación fue el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica Alfonso López de Bucaramanga, que desde que Aguilar dejó la Gobernación, un año después de firmarlo, se empezó a cuestionar las irregularidades. Un contrato que se firmó el 26 de febrero de 2015 y que terminó costando un 40 % más del valor inicial, parte de los dineros, cerca de 2.900 millones de pesos, que presuntamente fueron destinados a coimas que recibieron la secretaria de infraestructura, su esposo y un interventor.

El contrato recibió esa adición, de acuerdo con el diario Vanguardia, tan solo un año después cuando llevaba el 16% de ejecución y estuvo cerca del límite para ese aumento del presupuesto. Debido a las denuncias de otros políticos y veedores, la Fiscalía investigó el contrato y llamó al constructor.

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