Judicializan a 25 implicados en trámites irregulares en el Instituto Agustin Codazzi del Tolima

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación informó que en las útimas horas en el departamento del Tolima, se realizó la judicialización de 25 personas a quienes se les acusa, por material probatorio, de ser parte de una organización delincuencal dentro del Instituto Agustin Codazzi de realizar trámites fraudulentos para beneficiar al constructoras, sin importarles el daño ambiental en ecosistemas en ese departamento.

Entre los procesados se encuentra el director territorial del IGAC Tolima, Mauricio Fernando Mora Bonilla,14 funcionarios de la entidad, y el cabecilla de la organización criminal Los del Instituto, Luis Carlos López Guevara, quienes al parecer concertaban para cometer actos de corrupción al interior del instituto.

Durante las audiencias concentradas, el ente acusador les formuló cargos a los investigados según su grado de participación y posible responsabilidad, por delitos como: concierto para delinquir, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, daño en los recursos naturales y ecocidio, prevaricato por omisión y acceso abusivo a un sistema informático.

Por su parte, una juez de control de garantías de Ibagué decidió enviar a la cárcel con medida de aseguramiento preventiva a 5 personas, otorgó 11 medidas domiciliarias, 3 no privativas de la libertad y 5 libertades.

Las medidas carcelarias fueron para Luis Carlos López Guevara, contratista y presunto cabecilla del grupo delictivo, quien al parecer, conseguía los clientes y hacía los contactos con sus cómplices para el trámite de todo tipo de documentación de acuerdo a las necesidades del solicitante. Fue el único que aceptó todos los delitos imputados.

Mauricio Fernando Mora Bonilla, director territorial, habría abusado de sus funciones, dando agilidad a los trámites de manera especial, además, Daniel Francisco Flórez Castro, Camilo Alejandro Chamorro Rojas y Carlos Javier Lugo Botero.

Con respecto a la medidas domiciliarias, fueron para Juan Alexánder Roa Lozano, secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Ambalema. quien le habría ofrecido una cava de pescado a funcionarios del IGAC, a cambio de trámites de un predio en el municipio.

También están Marlon Mauricio Solano Colmenares, topógrafo de la entidad. Manuel Antonio Lis Díaz, ingeniero, se presume era quien permitió el acceso al sistema de la entidad para hacer trámites irregulares. Julián Felipe Charry Reyes, oficial de Catastro, quien renunció durante el proceso.

Asimismo, Sandra Alejandra Villalo Rojas y Yussi Yarleth Sierra, quienes al parecer, ingresaron de manera irregular al sistema del Igac de manera remota desde sus casas para hacer trámites y proyectar resoluciones. Diego Armando Reyes Ávila, oficial de Catastro del IGAC.

Fernando José Alcántara Guzmán y Óscar Fernando Cardozo Osuna funcionarios de Cortolima. Andrea Milena Gutiérrez Galindo, contratista, que habría notificado de actos administrativos fraudulentos.

Los indiciados fueron capturados el pasado 1 de diciembre por servidores del CTI adscritos a la Unidad de Administración Pública, con el apoyo de otras unidades en diferentes diligencias de allanamiento y registro realizadas en varios municipios del Tolima, Barranquilla y Bogotá.

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