
La Procuraduría General de la Nación remitió este lunes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar una serie de observaciones sobre el proceso de selección para la “producción de alimentos de alto valor nutricional (Bienestarina), desarrollo de nuevos productos y distribución a punto de entrega primarios”, que se está adelantando en este momento por un valor de $1.153.820.147.293.
En un comunicado oficial, el Ministerio Publicó solicitó a la directora de esa entidad, Lina María Arbeláez, que le haga llegar los soportes documentales que demuestren, por medio de un análisis técnico, jurídico y financiero realizado por ese organismo, las razones por las que se establece la pertinencia y ventajas de contratar mediante prestación de servicios y no adjudicar una concesión u otro tipo de contrato.
“Sobre la producción de los alimentos contemplados, el ICBF deberá indicar si la elaboración de nuevos productos, que se definirían durante la ejecución del contrato, podría afectar la producción de los ya existentes y constituirse en un riesgo que lleve a un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista”, indicó la entidad en su comunicación.
Igualmente, señaló que se presentaron observaciones respecto de las razones técnicas y jurídicas para que el Instituto determine no hacer ningún reconocimiento económico al contratista por cambios en las cantidades a distribuir de Bienestarina, la utilización de las plantas de producción del ICBF por parte del contratista, el abastecimiento de los insumos requeridos y las necesidades actuales de producción y las cantidades de Bienestarina proyectadas, entre otros aspectos.
El ente de control también requirió información sobre el modelo de negocio del actual contrato, así como las obligaciones y compromisos del contratista, los costos, mantenimiento, depreciación, inversión en maquinaria respecto de las plantas de producción propiedad del ICBF y si este modelo se mantendría para el actual proceso de selección o cuáles serían los cambios.
En desarrollo de la vigilancia preventiva adelantada a este proceso, el ICBF deberá remitir copia del contrato que se encuentra en ejecución para la producción y distribución de Bienestarina.
“Esta vigilancia superior no implica en modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas”, concluyó la Procuraduría.
Valga agregar que no es la primera vez que el ICBF resulta cuestionado durante los últimos días. También lo había sido el pasado 13 de noviembre, cuando se conoció el caso de una menor de edad que fue víctima de abuso sexual y que cuando fue acogida por el Instituto para el restablecimiento de sus derechos, fue enviada a un hogar de paso en el que fue nuevamente abusada.
El hecho fue dado a conocer en una rueda de prensa por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien tras reconocer la colaboración de la entidad encargada de proteger a los niños colombianos, anunció la captura de dos hombres y una mujer que se encargaban del lugar de recepción para los menores víctimas de abuso sexual y donde habrían perpetrados los vejámenes contra la adolescente que denunció ante las autoridades.
“Quiero celebrar que en un trabajo articulado con el ICBF y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hemos podido poner al descubierto hechos aberrantes contra nuestros niños, niñas y adolescentes que venían ocurriendo en una fundación habilitada como hogar de paso para menores víctimas de delitos sexuales en la ciudad de Valledupar en el departamento del Cesar”, informó Barbosa.
Los capturados fueron identificados por el organismo investigador como Rosa Virginia Laguna, Rober Emilio Fernández Tovar y su hermano, Lenin José Fernández Tovar.
Tras cuestionamientos sobre el proceso que hace el Instituto para contratar a sus colaboradores, la directora del mismo, Lina Arbeláez, afirmó que con esta captura estaban revisando las denuncias que se han hecho en el país de los lugares en los que se han detectado violación de los derechos de los menores que tienen a su cargo.
“Estamos trabajando precisamente como lo dijo el señor fiscal en esta depuración de cualquier operador del ICBF que se atreva a violentar la dignidad, física, moral y sexual de niñas, niños y adolescentes. Hoy hay un primer resultado de este equipo élite guardián de la niñez que lanzamos con el señor presidente de la República hace más de un mes”, indicó la funcionaria.
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