Militares enviados a prisión por la muerte de un líder indígena en el Valle del Cauca

Este 18 de octubre en las horas de la mañana se dio a conocer que un juez penal con función de control de garantías de Bogotá, envió a la cárcel a cinco militares como posibles responsables del asesinato del líder de la comunidad indígena Kiwe Nasa, Omar Guasaquillo, en hechos ocurridos en septiembre del 2019.

“Las investigaciones adelantadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos indicarían que los uniformados al parecer mintieron en la versión sobre el operativo militar en el que perdió la vida Guasaquillo”, señaló la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la FM, los militares en su momento aseguraron que recibieron información sobre la presencia de miembros de la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc en el predio La Quindiana en Calima (Valle del Cauca), por lo que adelantaron un operativo militar en el que perdió la vida el integrante de la comunidad Kiwe Nasa. Sin embargo, avanzada la investigación se determinó que dicha versión no concordaba con los resultados que arrojó la investigación.

“En su momento, la Fiscalía imputó a los procesados los delitos de homicidio en persona protegida en concurso con tentativa de homicidio en persona protegida y falsedad ideológica en documento público. Los cargos no fueron aceptados por los uniformados”, agregó el ente acusador.

Los acusados fueron identificados como: el teniente César Andrés Torres Trujillo y los soldados profesionales, Daniel Andrés Madrid Maestra, Lucio Cortés Santiago, Jhon Jairo Luna Enríquez y Alexander Marín Gutiérrez. En el proceso los soldados se declararon inocentes y no aceptaron los cargos.

Este caso se le sumaría a las cifras sobre ejecuciones o falsos positivos como popularmente se le conocen y que han sido uno de los grandes crímenes cometidos por el Estado colombiano. En el mes de febrero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló que luego de una larga investigación encontró que “por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008″.

Es importante recordar como lo mencionó la DW, que hasta el año pasado, la fiscalía sólo había reconocido 2.249 ejecuciones de civiles llevadas a cabo bajo esta modalidad entre 1988 y 2014, 59% de las cuales tuvieron lugar entre 2006 y 2008, durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe (2002-10). Pese a que las cifras distan, en ambas investigaciones se logró concluir que el 78% de las víctimas fueron durante su mandato.

Según la JEP, la mayoría de los crímenes ocurrieron en el departamento de Antioquia (noroeste) “La IV Brigada, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013″, precisó el tribunal.

Además, el mecanismo que surgió del acuerdo de paz firmado por el Gobierno de Juan Manual Santo y las extintas Farc, agregó que cerca de 1.500 militares presuntamente estuvieron involucrados en la práctica de los “falsos positivos”, con la que las fuerzas armadas buscaron presentar buenos resultados a sus superiores en el combate a las guerrillas y bandas criminales.

Pese a los resultados un sector político liderado por el uribismo a señalado de falso el informe como la senado María Fernanda Cabal y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos, que como Gobernador y Presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas”, dijo Uribe apenas salieron les resultados.

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