JEP entrega a Medicina Legal 73 cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada en Antioquia

Nueve cuerpos al día, en promedio, fueron recuperados por el Sistema Integral para la Paz en Puerto Berrío (Antioquia) entre el 13 y el 25 de septiembre pasados.

Hasta este municipio del Magdalena Medio se desplazaron los expertos forenses de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y un equipo interdisciplinario de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que luego de trece días de intervención le entregaron a Medicina Legal 73 cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada para que pueda avanzar en su identificación.

La intervención, que se llevó a cabo en el cementerio La Dolorosa, responde a las medidas cautelares decretadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, con el fin de proteger zonas en las que se podrían hallar lo cuerpos de víctimas del conflicto armado. Se trata de 356 puntos amparados por la medida: dos celdas de custodia, cinco osarios comunes, 16 sitios de disposición tipo osario y 333 bóvedas.

Además, se enmarcan en el Plan Regional de Búsqueda de los Puertos del Magdalena Medio que la UBPD impulsa en la región. En esta oportunidad, el equipo de expertos se concentró en la recuperación de los cuerpos que se encontraban en los pabellones de caridad. Un espacio destinado por la misma comunidad, para darle una sepultura digna a los cuerpos no identificados que bajaban por el río Magdalena.

Esta es una tradición que se arraigó entre los habitantes de Puerto Berrío, que adoptaban las víctimas que, en su mayoría, presentaban signos de violencia y les asignaban una identidad a cambio de favores a través de la oración. De acuerdo con el fiscal, Carlos Arturo Mutis Flórez, líder del equipo de la Unidad de Investigación y Acusación que se desplazó a Puerto Berrío, fueron intervenidas 124 bóvedas de las 157 protegidas solo en este pabellón.

Las 33 restantes se sumarán a las 197 que todavía están pendientes por intervenir y que fueron identificadas durante el diagnóstico que se llevó a cabo tras la inspección judicial que la UIA, a través de su Grupo de Apoyo Técnico Forense, realizó en marzo de 2020 en el cementerio La Dolorosa.

Esta información recolectada sirvió de insumo a la magistratura de la JEP, que adoptó la medida cautelar de protección. En ese momento, a través de entrevistas a la comunidad, sobrevuelos en dron, inspecciones judiciales, levantamientos de información topográfica y fotográfica, además del análisis de documentos, la JEP documentó e identificó las zonas de interés forense que la UBPD intervendría, tal y como sucedió en la jornada que se llevó a cabo en las últimas semanas en Puerto Berrío.

En los pabellones de caridad, precisamente, las inscripciones de las lápidas sugerían en casi todos los casos la inhumación de personas no identificadas. Durante el proceso de recuperación que se llevó a cabo en Puerto Berrío, el Sistema Integral para la Paz desenterró el horror de la guerra en esta región: cuerpos inhumados dentro de bolsas, desnudos, con signos de amarres, con heridas de arma de fuego, totalmente fragmentados, hallados en estado de total indefensión.

Muchos de ellos, habían sido adoptados, para darles una sepultura digna. Por eso, en medio de la diligencia, la comunidad celebró un ritual en el que simbólicamente le entregaron a la JEP y la UBPD los cuerpos que llevan años protegiendo.

La primera inspección judicial que se llevó a cabo en Puerto Berrío ocurrió entre enero y febrero pasados, cuando la UIA intervino las dos celdas de custodia. Allí, encontró un número considerable de cuerpos sin identificar, diferentes a los que hay en las bóvedas del cementerio.

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