Un año del asesinato de Javier Ordóñez: así se vivió el caso de abuso policial que sumió a Bogotá en el caos

Javier Ordóñez llegó sin signos vitales a la clínica Santa María del Lago en Bogotá, en la madrugada del 9 de septiembre del 2020. Se trataba de un hombre de 43 años, conductor de taxi pero estudiante de Derecho. Horas antes de su muerte, se encontraba departiendo con amigos y por su estado de alicoramiento unos patrulleros de la Policía lo abordaron, sometieron, golpearon y trasladaron al CAI (Comando de Acción Inmediata) del barrio Villa Luz en Engativá.

La noticia con la que despertó el país ese mismo día fue la de Javier Ordóñez siendo sometido con violencia por los patrulleros Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, gracias a un video que logró grabar un amigo de la víctima y que rápidamente se viralizó en la redes sociales.

Los agentes agreden a patadas, puños, y repetidos choques eléctricos con una pistola taser a Ordóñez, que rendido en el piso suplica “por favor” que no lo sigan electrocutando. Testigos rogaron a los policías que dejaran de darle descargas eléctricas, las cuales no se detuvieron por un lapso de cinco minutos aproximadamente.

“Cuando llego al CAI mi amigo estaba desmayado y mi otro amigo, el que habían esposado, el que estaba grabando, me dijo: lo acaban de moler a golpes. Les dije que me ayudaran a llevarlo al menos a la clínica. Si no llego ni siquiera lo llevan. Lo subimos a la patrulla, llegamos a una clínica y el médico salió casi inmediatamente dijo que había fallecido”, contó uno de los testigos del caso.

El video hizo estallar la indignación y furia colectiva de los capitalinos, que aún no conocían que Ordóñez siguió recibiendo fuertes golpes una vez fue trasladado al CAI de la Policía.

Rápidamente, manifestantes fueron llegando al CAI de Villa Luz donde fue asesinado Ordóñez. En horas de la tarde, decenas de ciudadanos rodeaban la zona y con el paso del tiempo los ánimos se iban calentando. Varios jóvenes empezaron a tirar pintura roja en los ventanales del CAI, otros incluso vandalizaron una camioneta de la Fiscalía y el CTI que recogía las pruebas forenses. Todo esto, en medio de la pandemia del covid-19.

Conforme el sol se ocultaba en la capital del país, un enfado por el crimen recorría rápidamente las calles de la ciudad. Ya en horas de la noche, en distintas localidades y frente a varios CAI de Policía, se iban generando más roces entre manifestantes y la fuerza pública.

9S: la noche de una masacre en Bogotá

Todo iba empeorando en la ciudad con el paso del tiempo. De a pocos, en redes sociales se iban compartiendo videos de cómo manifestantes tiraban piedras y prendían fuego a los CAI, el primero de ellos, el de Villa Luz, donde fue agredido Ordóñez. Ese ataque provocó que interviniera el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Los enfrentamientos se agravaban a tal punto que empezaron los reportes de disparos en contra de los manifestantes.

La situación de Villa Luz se replicaba en Suba Rincón, Verbenal, Molinos, Gaitana, Castilla, Park Way y Bosa. También se vivieron en el municipio de Soacha, Cali y Medellín. En casi todos estos lugares, los puestos insignes de la Policía Nacional fueron incendiados por los manifestantes.

Lo que empezó como una protesta por el caso de Javier Ordóñez ,terminó convertido en un verdadero campo de batalla. Había ruido, confusión, vehículos quemados en las vías, humo y seguía preocupando a los bogotanos el sonido de los disparos.

Lo que pasó esa noche fue una verdadera masacre. Ya no solo había ocurrido el asesinato de Ordóñez, sino que en la mañana del 10 de septiembre, Bogotá despertó con 13 asesinatos más, varias de las víctimas con heridas de bala que provenían de las armas de dotación de policías.

En el 9S murieron:

Julieth Ramírez, estudiante de psicología e inglés, de 18 años, murió en Suba.

Camilo Hernández murió en plena vía pública en Verbenal.

Jaider Fonseca, de 17 años, recibió cuatro impactos de arma de fuego, y falleció en Verbenal.

Germán Smith Puentes, domiciliario de 25 años, falleció en Suba.

Andrés Rodríguez, fue herido con arma de fuego en el abdomen, en inmediaciones del CAI Verbenal.

Freddy Alexander Mahecha, de 20 años, murió por disparo en el tórax. Falleció camino al Hospital de Suba.

Julián Mauricio González, de 27 años, recibió un disparo en el abdomen en la localidad de Kennedy.

Eidier Jesús Arias, de 17 años, falleció en el hospital Meissen.

Marcela Zúñiga, de 26 años, fue asesinada en Soacha.

Cristhián Andrés Hurtado, de 27 años, fue asesinado por disparo en Ciudad Verde, Soacha.

Gabriel Estrada Espinoza, joven venezolano de 28 años, fue asesinado en Soacha.

Lorwuan Estiwen Mendoza, de 30 años, fue asesinado en Soacha.

La ONG Temblores alista un informe sobre lo que pasó ese día en Bogotá. El director de la ONG, Alejandro Rodríguez, explicó para El Espectador, sobre los uniformados que dispararon: “Por un lado, o se rompió la cadena de mando y los policías en la calle comenzaron a actuar según su parecer y dispararon por decisión propia o, en efecto, se dio la orden de disparar contra los manifestantes”.

Y agregó: “Esperamos que por medio de este informe y, ahora que se cumple un año, se pueda esclarecer lo que ocurrió aquí, porque no haber tomado cartas en el asunto con el 9S influyó en la brutalidad policial que vimos en el paro nacional de este 2021”.

Un año sin gran avance ante la justicia

De acuerdo con la autopsia, Javier Ordóñez murió producto de la brutal golpiza, pues en su cuerpo se pudo evidenciar nueve laceraciones en el cráneo, el estallido del riñón derecho, una hemorragia interna en su cavidad abdominal y esquirlas de proyectil de arma de fuego incrustadas en una pierna.

Por este crimen el patrullero Juan Camilo Lloreda fue condenado a 20 años de prisión. Mientras que para Harby Damián Rodríguez aún no hay condena pues su caso sigue en curso.

Mientras que en el caso de las 13 personas asesinadas en medio de las protestas, apenas y se han judicializado a tres policías, a pesar de que el director general de la Policía encargado, general Gustavo Moreno, sostuvo en su momento que habían identificado a 35 policías que reconocen haber disparado entre los días 9 y 10 de septiembre.

Se trata de los patrulleros John Antonio Gutiérrez, Jorge Lasso y Andrés Eduardo Díaz. Según la Fiscalía, “el arma que disparó Díaz Mercado produjo el proyectil que le causó la muerte a Germán Smyth Puentes; también se debe tener en cuenta que está demostrado que el patrullero Díaz realizó por lo menos 24 disparos y solamente uno con carácter de letalidad”.

Por estos hechos, este miércoles 8 de septiembre, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, pidió perdón a la familias de la víctimas. “De manera tajante lo rechazamos. Cuando hay un abuso policial, cuando hay un uso inadecuado de un arma de fuego, una agresión física o un homicidio. Le pedimos a todas las víctimas y sus familias perdón”, manifestó el general Vargas.

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