El FBI prestará asistencia a la Registraduría Nacional durante las elecciones de 2022

Las autoridades no ofrecieron muchos detalles sobre el papel que jugará la agencia estadounidense en las próximas justas presidenciales. Se espera apoyo en tareas de inteligencia

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/ Colprensa
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Las instituciones colombianas siguen impulsando las alianzas con agencias estadounidenses, con miras a garantizar la transparencia en los distintos procesos que se adelantan en el país. Así lo confirmó este martes 31 de agosto la Registraduría Nacional del Estado Civil, que trabajará de la mano con el FBI durante los comicios de 2022.

De acuerdo con el jefe de esa entidad, Alexander Vega, el Bureau Federal de Investigaciones norteamericano estará brindando acompañamiento de inteligencia al proceso electoral en el que se pretende elegir a las personas que ocuparán el cargo de presidente de la República y que conformarán las dos corporaciones del Congreso.

La noticia se dio a conocer durante la instalación de la Comisión Nacional para Coordinación y Seguimiento de Procesos Electorales, en la que también participan el Ministerio del Interior, el Consejo Nacional Electoral, el Ejército y la Policía Nacional, entre otros organismos de control.

Sobre el tema en general se pronunció el jefe de la cartera del Interior, Daniel Palacios, quien señaló que, “con esta instalación estamos atendiendo las elecciones para Presidencia y Congreso y este es el espacio adecuado para que con los partidos políticos y candidatos se avance y que este proceso sea transparente, igualmente servirá para aclarar inquietudes”.

Palacios insistió en que lo que se busca es lograr una amplia participación de los colombianos durante dichas elecciones y las de los consejos municipales de Juventud que se llevarán a cabo a finales de este año. Ello, a partir de otros pilares como la seguridad, protección, no violencia y tolerancia.

Para todo esto se formularon los planes Agora II, enfocado en la transparencia y la protección; y Democracia, para lograr que la seguridad sea la norma común durante las jornadas electorales.

Sobre el primero, el funcionario explicó que, “nosotros desde el Gobierno Nacional hemos venido diseñado el plan Ágora el cual estaba conformado por varios subcomités para prevenir el fraude electoral y para brindar garantías en temas como el financiamiento electoral, con este plan Ágora II se busca también atender los comentarios de todos los sectores interesados en estas elecciones”.

Del mismo modo, Vega reportó en el mismo encuentro que ante la solicitud de partidos políticos, procesos y prácticas organizativas de juventudes y jóvenes independientes, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral tomaron la decisión de correr el calendario electoral de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud para garantizar que todos los sectores puedan inscribir listas hasta el domingo 5 de septiembre en la plataforma digital y sedes de la entidad en todo el país.

Para dichos comicios, agregó, hay, al cierre preliminar de la fecha de inscripciones de las listas de candidatos para los Consejos de Juventud, un total de 7.241 listas inscritas para un total de 39.903 candidatos entre partidos políticos, jóvenes independientes y procesos y prácticas organizativas.

Valga señalar que, la Registraduría no es la única entidad nacional que cuenta con el apoyo del FBI por estos días. También lo hace la Fiscalía General de la Nación que tuvo, el pasado 28 de agosto, un encuentro con altos mandos de esa entidad estadounidense para conversar sobre el atentado contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta y el escándalo de contratación protagonizado por el MinTIC.

De acuerdo con el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, el encuentro fue entre el delegado de crimen organizado de la entidad y agentes especiales de esa institución con el objetivo de “decirle al país que estamos trabajando también en todo lo relativo con lavado de activos, iniciación de indictments en los Estados Unidos y procesos de extradición para aquellos que utilicen, además, los recursos públicos de Colombia para tratar de sacarlos del territorio nacional”.

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