Por mora en los pagos, médicos de urgencias del hospital de Calarcá renunciaron en masa

El hospital La Misericordia de Calarcá, Quindío, está atravesando una crisis debido a la renuncia de 15 de los 18 médicos generales que trabajaban en el centro asistencial. De acuerdo con los funcionarios, la decisión se hizo debido a que no les han pagado sus sueldos hace tres meses.

Además, lo médicos vienen solicitando que se solucione el problema de insumos médicos para prestar la atención adecuada, sobre todo en medio de la pandemia de covid-19.

Los médicos anunciaron su renuncia por medio de una carta dirigida a Soluciones Efectivas SAS, empresa cooperativa que es la encargada de contratar a la mayoría del personal de La Misericordia.

En la misiva aseguran que trabajar en esas condiciones en un principio lo hicieron por compromiso y amor a su profesión, seguirlo haciendo así puede afectarlos jurídicamente.

Juan Camilo Álvarez, uno de los médicos que renunció habló con El Tiempo y aseguró que hay varias razones para tomar esta decisión de apartarse del cargo.

En el documento aseguran que los directivos del hospital no los han escuchado y que ellos son los que le tienen que dar la cara a los pacientes cuando les piden que compren insumos médicos que el hospital debería proveer.

‘’De forma irrespetuosa no se ha dado respuesta, dejando un vacío y sensación de ausentismo, asumiendo así nosotros la responsabilidad de darle la cara a los pacientes cuando se les pide que compren los insumos o explicarles las largas esperas por falta de personal’'.

El hospital vivE una dura crisis, pues hace menos de un mes fueron despedidas 80 personas que se llevó a cabo luego de un cese de actividades que realizaron para reclamar los salarios que les deben. Además, los directivos han ordenado cerrar servicios como el de cirugía, pediatría, urología, ginecología y obstetricia, ortopedia y odontología.

Este no es el único caso que demuestra la crisis del país. El pasado 7 de agosto se conoció que el Hospital Universitario de Sincelejo (HUS) podría quedarse sin interventoría tras numerosas denuncias de médicos y hasta defensores de derechos humanos.

Así lo confirmó el diario barranquillero El Heraldo, que publicó las denuncias hechas por anestesiólogos, entre otros profesionales de dicho centro hospitalario, quienes a su vez aseguran que, a pesar de contar con dicho seguimiento, que se supone debe hacer cumplir las normas y los contratos adquiridos por las instituciones, llevan desde 2019 sin recibir el correcto pago de sus salarios. De hecho, afirman que les están cobrando una tajada por consignarles.

De ahí que, el médico y defensor de derechos humanos Juan David Díaz Chamorro le haya contado a ese diario que están exigiendo la renuncia de la persona que ocupa dicho cargo: Inés Loaiza Guerra.

“Les ha exigido el 30 por ciento para pagarles lo que les adeuda. Lo que sin duda es un impedimento moral para que una persona de esta calaña esté al frente de una entidad que nos pertenece y se sostiene con nuestros impuestos, donde se salvan vidas y cuyos recursos son escasos”, aseguró el profesional.

Su testimonio lo confirmaron, también ante El Heraldo, los anestesiólogos Ángel Camargo, Darwim Ozuna y Ginna Quiroz, quienes aseguran que tras negarse a pagar esa cuota, la interventora Loaiza habría procedido a consignarles a los especialistas de otras áreas que si aceptaron el trato, calificado como corrupto por todos los afectados.

“No es posible que en plena pandemia de la covid-19 cuando no hemos dejado de prestar el servicio a la comunidad y que somos primera línea, que nos contagiamos con covid, que se murieron compañeros nuestros, no se nos tengan en cuenta y se hagan los oídos sordos. Nos llama la atención que un hospital intervenido por la Supersalud que debe mostrar transparencia en el manejo de los recursos actúe de esta manera sospechosa y corrupta”, dijo uno de los anestesiólogos.

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