Defensoría del Pueblo solicita medidas de protección para las 700 familias indígenas confinadas en el Bajo Baudó, Chocó

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para que atienda de manera urgente a las 700 familias indígenas que permanecen confinadas en Bajo Baudó (Chocó), debido a los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Según informó el funcionario, las comunidades indígenas que en el momento se encuentran confinadas por los enfrentamientos de esos dos grupos armados, y que además están en riesgo de desplazamiento, son: Wounaan y Embera de Buenavista, Unión Pitalito, Puerto Chichiliano, Puerto Piña y Bajo Grande.

Cabe recordar que, en días anteriores, las autoridades de Bajo Baudó estimaron que serían en total 2.500 personas del municipio quienes estarían imposibilitadas de salir de sus hogares y resguardos, por el temor de perder la vida en medio del fuego cruzado, así lo conoció W Radio.

Así mismo, señalaron que hay un alto riesgo de desplazamiento forzado hacia la cabecera municipal, donde actualmente se encuentran refugiados otros campesinos e indígenas que igualmente han tenido que dejar sus viviendas debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

“Eso es lo que nos inquieta más, porque el albergue donde nosotros tenemos los desplazados de la zona norte está lleno, aquí no cabe una persona más y si se nos desplazan tendríamos que construir albergues provisionales”, manifestó en diálogo con la misma emisora, el secretario de Gobierno de Bajo Baudó, Janio Posso.

Ante el panorama, el defensor del Pueblo además indicó que, desde la regional de la entidad en Chocó, se solicitó al alcalde del Bajo Baudó, Hermenegildo Adalberto González, al Ministerio del Interior, a la Unidad de Víctimas y al Ejército que activen de manera inmediata acciones para la atención de la comunidad afectada.

“Es relevante señalar que, a través de la Alerta Temprana 030 de 2020, hemos advertido sobre la estrategia expansiva de las autodenominadas AGC sobre la cuenca del Río Docampadó y en general sobre el municipio del Bajo Baudó”, expuso el funcionario.

De otro lado, el defensor Camargo pidió a la Comisión Intersectorial para la Respuesta a las Alertas Tempranas (Ciprat) que incite al Gobierno Nacional para que active los protocolos de atención pertinentes de esas comunidades afectadas por el conflicto armado, con el fin de proteger su vida, integridad, libertad y seguridad.

Equipo de la Defensoría del Pueblo brindará asistencia humanitaria a las víctimas de desplazamiento en Ituango, Antioquia

El defensor del Pueblo así mismo informó que este miércoles un equipo de la entidad, en cabeza de Camargo y en compañía de una comisión de la Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, llegará al municipio de Ituango, con el fin de brindar acompañamiento y verificar la situación derechos humanos de las víctimas de desplazamiento forzado en la zona.

“Estaré en el municipio de Ituango para conversar directamente con la comunidad y con las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, con el fin de verificar que se tomen las medidas necesarias para garantizar la atención adecuada de emergencia a las víctimas”, aseguró Camargo.

El funcionario además indicó que, durante el fin de semana pasado, en compañía de las autoridades departamentales, la Unidad para las Víctimas y las Fuerzas Militares, hicieron entrega de 39 toneladas de ayuda humanitaria para las familias que han tenido que desplazarse de sus viviendas por cuenta del conflicto armado en el municipio.

De acuerdo con información entregada por el alcalde de Ituango, Edwin Mauricio Mira, para la mañana del martes 27 de julio, en el municipio se tenía el reporte de 4.041 personas desplazadas de por lo menos 31 veredas.

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