
En la mañana de este jueves, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda Castro, anunció que colocó una tutela contra el presidente de la República, Iván Duque Márquez, ante el Consejo de Estado, para suspender inmediatamente el decreto que firmó el primer mandatario el fin de semana pasado en el que le ordena a los gobernadores y alcaldes restablecer el orden público en Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva para garantizar el orden en los territorios porque, de lo contrario, serán sancionados.
El edicto es el 575 de 2021 y se establecen instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público”, el cual, según Cepeda, desconoce las exigencias formales de los estados de “excepción constitucional”.
En el decreto se les pide a los gobernadores del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda (y alcaldes antes mencionados, coordinar con la Policía nacional y las “autoridades militares del departamento la asistencia militar de que trata el artículo 170 de Ley 1801 de 2016, de manera que el departamento, el distrito y los municipios, pongan en ejecución este instrumento legal para afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”, reza el documento.
De acuerdo con Cepeda, al firmar el decreto, el presidente Duque “no solo impidió que el Congreso de la República ejerciera control político sobre esta medida extraordinaria, sino que frenó a la Corte Constitucional para que realizara control automático del decreto de conmoción interior”.
Ante dichas acusaciones, asegura el congresista, el Gobierno viola el cumplimiento de la Constitución y de los tratados de derechos humanos; además, denuncia que el primer mandatario no planteo fechas de cuánto durará el edicto, no nombró las razones por las que lo estableció.
En el documento, el presidente también decreta que en apoyo de las fuerzas militares se levanten los bloqueos internos y da las facultades a los alcaldes y gobernadores para evitar la instalación de nuevos bloqueos.
Por otro lado, también se les pide a los gobierno locales y departamentales informar a la opinión pública nacional e internacional “los avances en el control del orden público y las denuncias de las agresiones sistemáticas contra la población, la fuerza pública, los bienes públicos y privados”. Además, se sugiere que en caso de desorden público, se deberán decretar toques de queda.
El punto más controversial está casi al final, donde se asegura que: “Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, serán sujetos de las sanciones a que haya lugar”.
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