Enfrentamiento entre el gobierno local y ONG por desplazados en el Catatumbo

En medio de la situación que se vive desde el pasado 28 de diciembre en Ambato, zona rural ubicada en el Catatumbo, en donde están ubicadas alrededor de 23 familias desplazadas por los enfrentamientos entre grupos armados y la presencia de minas antipersona cerca de sus viviendas, se viven enfrentamientos de versiones sobre los hechos entre entidades estatales y ONGs. Aunque unos aseguran que se les ha prestado la ayuda suficiente a los ciudadanos desplazados por la violencia, otros dicen que están en abandono total.

Desde finales de diciembre, cuando se conoció la noticia, la Defensoría del Pueblo, El Consejo Noruego para los Refugiados, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos sin Fronteras y la administración municipal de Tibú, se han encargado de realizar acciones humanitarias en pro de la atención de las familias que tuvieron que salir desde el sector como La Silla.

Según informó el portal digital de RCN Radio, el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, denunció que, “lamentablemente ni la Secretaría de Gobierno del departamento, ni la Alcaldía de Cúcuta han tomado acciones para ayudar a esta población. Estos grupos (armados al margen de la ley) están desde hace varias semanas en la zona, que llegaron a la región generando zozobra y terror entre la comunidad”.

Sin embargo, para el secretario de Gobierno del Norte de Santander, Felipe Corzo, la versión de los hechos es muy diferente. De acuerdo con lo que él asegura, se ha prestado la atención suficiente y necesaria para las personas que ahora se encuentran refugiadas en la escuela El Ambato, en Tibú, puedan vivir tranquilamente mientras se resuelve la situación en su zona de origen.

“Estamos haciendo ya las verificaciones y vamos a llegar hasta la zona para hacer el censo de todas las familias y cubrir las necesidades. Por esa crisis humanitaria también hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que nos apoye en esta situación”, dijo Corina Durán, alcaldesa de Tibú, a la llegada de las familias a la escuela.

Felipe Corzo aseguró, según informó la emisora, que la complejidad dentro de la zona tenía que ver con la disputa del territorio para quedarse con el control de las rutas usadas para el narcotráfico y que, en diciembre, cuando empezaron los desplazamientos, las familias recibieron acompañamiento “de la fuerza pública, la Alcaldía de Tibú , la Gobernación del departamento y la Defensoría del Pueblo para regresar a sus viviendas”.

Con este argumento, Corzo aseguró que, en los últimos días, no se han presentado enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley, ni desplazamientos de la población habitante. La fundación Progresar aseguró que las organizaciones criminales que están delinquiendo y causando pánico en la zona son las Autodefensas Gaitanistas y el ELN.

Aunque el coronel, Ilvar González, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, aseguró que se han venido adelantando operaciones para solucionar la situación causada por los enfrentamientos de ambos grupos criminales, Wilfrido Cañizares asegura que los desplazamientos continuarán entre más avance el tiempo.

“Estas comunidades han decidido ante la falta de garantías eficaces que protejan su vida, que recuperen la movilidad, que puedan usar sus teléfonos celulares, desplazarse esperando una respuesta adecuada”, manifestó Cañizares quien, agregó que, “la situación en la zona es insostenible, la comunidad está decidida a quedarse el tiempo que sea necesario mientras no haya una respuesta adecuada a la situación de violencia que están viviendo”.

Ceñida a los cálculos de Wilfrido Cañizares, que asegura que los desplazamientos continuarán, el pasado 12 de enero la Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió que además de La Silla, otras dos veredas estaban en riesgo de empezar a ser desplazados de sus viviendas a la fuerza: El Empalme y Totumito-Carboneras.

Al igual que las ONGs, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, solicitó a las autoridades competentes, “garantizar la seguridad en el departamento, junto con el apoyo oportuno e integral a la población para que sus derechos fundamentales sean protegidos”.