Comunidad LGBTI del Eje Cafetero denuncia prácticas de exterminio en su contra

Durante el conservatorio ‘Tejiendo verdad desde la diversidad sexual y de género en el Eje Cafetero’ organizado por la Comisión de la Verdad, y en el que participaron organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo, se realizó una radiografía de las afectaciones que han enfrentado las personas LGBTI en el Eje Cafetero. Según la organización Yukasa Feminista, colectivo de mujeres y primera casa feminista del Quindio, en los últimos tres meses, se presentaron en Armenia cuatro intentos de transfeminicidio que no recibieron una respuesta institucional contundente.

Sebastián Giraldo Aguirre, investigador de asuntos de género de Risaralda, explicó que el desplazamiento, la amenaza, el homicidio y la violencia sexual aparecen en el Registro Único de Víctimas como las principales formas de violencia contra las personas LGBTI en el conflicto armado, pero “la homofobia histórica y sistemática del país” impide el registro de estas víctimas, lo que genera, en palabras de Aguirre, una mayor afectación: el silencio. Por ello, según el subregistro de las nueve millones de víctimas que existen en Colombia, solo 3.000 son personas LGBTI.

Sara Rodas, de la organización Yukasa Feminista, explicó que, más allá del control territorial y económico, el conflicto armado “también significó un control social a través de la imposición de estándares de moralidad”. Lo anterior conllevó a la persecución de quienes, según los agentes armados, no contribuían con el “proyecto de nación blanco, heterosexual y urbano”, señaló la Comisión de la Verdad.

Además, las víctimas y las organizaciones coincidieron en que estas violencias tienen otros responsables, como la familia, la comunidad y las iglesias, ya que fueron cómplices de los actos homofóbicos y discriminatorios. Aguirre sostuvo que los actores armados vienen de esa sociedad machista, patriarcal, xenófoba y misógina en la cual la violencia contra la población LGTI tiene un alto nivel de aceptación.

La asesora del Grupo de Trabajo en Género de la Comisión de la Verdad, Alejandra Coll, aseguró que una de las principales misiones de la entidad es facilitar y permitir que Colombia, un país violento donde una persona trans tiene un promedio de vida de 35 años, dignifique la vida de la comunidad LGBTI y no estigmatice las orientaciones sexuales no normativas. Por ello, este espacio analizó las posibilidades que tiene la sociedad colombiana para frenar estas violencias que continúan en el presente.

Asimismo, Vanessa Londoño, de la Dupla de Género de la Defensoría del Pueblo Regional Caldas, denunció que en esta región del Eje Cafetero la Policía reproduce los estereotipos y prejuicios contra esta población, lo que, en sus palabras, legitima el exterminio. También aseguró que la presencia paramilitar continúa perpetrando actos genocidas para acabar con los sectores poblacionales que se escapan de los regímenes de la normalidad sexual.

Shaira Maritza Franco Ramírez, una de las víctimas que sufrió de desplazamiento forzado a los 12 años por su orientación sexual e integrante de Las Guapas, trabajadoras sexuales trans de Manizales, aseguró que es necesario reconocer los derechos de la comunidad LGBTI para frenar la violencia. Asimismo, el Colectivo Armado Abierto, organización que lleva 10 años luchando por los derechos de Las Guapas, denunció que la Policía realiza detenciones arbitrarias, maltrata a las mujeres trans y las juzga como hombres, persigue a la población LGBTI y les impiden transitar por el centro de la ciudad. Según el Colectivo, miembros de la fuerza de seguridad aseguraron que la Alcaldía emitió un decreto municipal para prohibir la circulación de las mujeres trans en la ciudad, pese a que no les han garantizado el derecho a la salud, la educación, el trabajo y a “vivir una vida sin violencia”.

La Defensoría del Pueblo, en septiembre, señaló que la violencia contra la población LGBTI aumentó durante la pandemia. El vicedefensor del Pueblo, Jorge Calero, informó que, entre enero y septiembre, se cometieron 63 homicidios y feminicidios contra esta población. La mayor parte de los crímenes se registraron en los departamentos del Caribe, Antioquia, Valle del Cauca y Eje Cafetero y algunos casos de violencia fueron perpetrados por la Policía Nacional. También establecieron que la discrimnación y el prejuicio son los mayores obstáculos para lograr acceder a la justicia.