Tres exfuncionarios habrían tomado dinero destinado a enfrentar la crisis de la pandemia en el Chocó

Carlos Tirso Murillo Hurtado, quien se desempeñaba como secretario de Salud departamental del Chocó, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por irregularidades en el presupuesto destinado para ayudas del departamento respecto a la pandemia de la covid-19.

Según la investigación, que hoy pone a responder ante la justicia a Murillo Hurtado, el ex secretario de salud habría firmado un convenio por más de $1.700 millones, que, supuestamente, sería utilizado para realizar y divulgar estrategias de información para la promoción y prevención de la pandemia por el coronavirus.

Según la Fiscalía, “el contrato estaba dirigido a la realización de jornadas de salud para personas en condición de vulnerabilidad en diferentes municipios del departamento y contemplaba programas de promoción y prevención, gestión del riesgo y salud reproductiva, entre otros”.

La Procuraduría, encargada de abrir la investigación en el caso en abril, informó que el contrato por el que Carlos Murillo era el protagonista del caso era el No. 1141 del 31 de octubre de 2019, por valor de $1.735.775.000, destinados para la salud de los chocoanos firmado con la Fundación Etnodesarrollo Social.

Ante la justicia tendrán que responder, además de Murillo, Delly Karen Mosquera García y Efraín García Maturana, gerente y tesorero de la fundación Etnodesarrollo, respectivamente. La procuraduría ya había iniciado investigaciones sobre Mosquera, quien figuraba en la firma de los contratos.

De los más de $1.700 millones, según aseguró la investigación, los tres funcionarios se habrían quedado con $657.670 millones en sus bolsillos, de actividades que no fueron realizadas o que no lograron ser identificadas en algún reporte oficial.

El ex secretario no aceptó sus cargos por el delito de apropiación en favor de terceros, al igual que Mosquera García y García Maturana, quienes negaron ser culpables por el delito de peculado por apropiación en provecho propio, en calidad de intervinientes.

Algo parecido sucedió luego de que el gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón entrara a ser investigado por la Procuraduría General de la Nación por información que lo involucraban en supuestas irregularidades tras firmar un contrato por $2.000 millones con la Fundación Chocó saludable, con el fin de crear una campaña en para prevenir a los ciudadanos respecto a la pandemia del coronavirus.

“En el contrato la fundación debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus”.

Según ese ente de control, ya se había advertido que “la presunta falta de planeación del gobernador relacionada con que las actividades contratadas no iban a producir efectos reales para garantizar la salud de los chocoanos y la efectiva protección al personal médico, en razón a que el contrato fue terminado sin que se ejecutara el presupuesto”.