Defender el medio ambiente en Colombia es una actividad letal, asegura Amnistía Internacional

La organización no gubernamental Amnistía Internacional reclamó un mejor trabajo en la protección de los derechos de las personas que defienden las tierras y el medio ambiente en el país, los cuales, asegura en un informe, están en alto riesgo de que se atente en contra de su vida.

La organización destacó los peligros que corren estas personas en los territorios en los que se encuentran sus propios hogares, que, asegura la entidad, en algunas oportunidades “viven en algunas de las zonas más ricas en recursos naturales de Colombia. Para ellas, defender sus hogares se ha vuelto una actividad letal”, afirma el artículo difundido en la página web de la organización.

Amnistía Internacional afirma que las personas que cuidan los territorios y el medio ambiente tienen una situación peor que aquellos que protegen los derechos humanos; teniendo en cuenta que “Colombia es el país más peligroso para defender los derechos humanos”, según los datos más recientes de la organización Global Witness.

En el texto, se resalta la vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades que cuidan de estos lugares. “Los pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos ejercen la propiedad comunitaria de la tierra y el territorio y son quienes defienden los recursos que hacen que el planeta y nosotros sigamos respirando”, señala la plataforma.

Amnistía Internacional pone en contexto las condiciones de vivienda que tienen estas personas, que no corresponden a las convencionales. Sus hogares, según la entidad, se extienden a los ríos, bosques, plantas y animales. Esos territorios también cargan con prácticas ancestrales en las que están la curación, rituales para conectar con sus deidades y costumbres alimenticias.

También comenta la organización que vigila el cumplimiento de los derechos humanos que los titulares de la protección de la tierra tienen que, en muchas ocasiones, abandonar sus hogares para proteger su vida. “Jani, por ejemplo, tuvo que salir de su comunidad en 2018 por las constantes amenazas y ataques a manos de los grupos armados que llegaron a su territorio tras la salida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016”, narra el documento.

En otros lugares, como el Catatumbo, al oriente del país, los líderes expresan la dificultad del flagelo de las economías ilegales después de la firma del acuerdo. “Las personas se refugian en sus casas, entonces no pueden trabajar en el campo y tener de qué comer. (...) Las personas en el Catatumbo viven entre la posibilidad de morir por el conflicto o morirse de hambre”, narra una defensora de derechos humanos.

La situación de los líderes sociales no mejora

Recientemente, Amnistía Internacional publicó otro informe que ilustra la situación de líderes sociales en Colombia. Según Erika Guevara Rosas, directora de esta institución para las Américas, “desde hace años Colombia es uno de los países más peligrosos para las personas que defienden los derechos humanos, los territorios y recursos naturales en todo el mundo”.

Además, revela que, desde la firma del acuerdo de paz en 2016, las cosas han empeorado para esta población. Afirma que, si bien hay un entendimiento colectivo de posconflicto, la cotidianidad es otra. “Lo que vemos en la realidad y en el día a día es que desafortunadamente el conflicto armado colombiano sigue siendo una realidad para millones de personas en el país”, señala Guevara.