Inversiones chinas en la Argentina: ¿salvataje económico o peligro ambiental?

Las represas en el río Santa Cruz, las mega factorías de cerdos y la posible concesión de la hidrovía Paraná son los ejemplos más resonantes de proyectos que prometen progreso, pero demuestran otra cosa

China tiene varios proyectos de inversión en la Argentina que, según los gobiernos de ambos países, generarán desarrollo económico, pero ¿hasta qué punto serán rentables si el medio ambiente está en peligro?

Uno de los más resonantes es la construcción de mega represas en el Río Santa Cruz, que ya están en marcha. Luego, está el acuerdo porcino que busca instalar factorías de cerdos en el interior del país y que, aunque no fue firmado y no se hizo un informe de impacto ambiental, se dejó a las provincias la posibilidad de avanzar por su cuenta, como ya lo hizo Chaco.

Por último, el Gobierno está licitando la construcción y gestión de la Hidrovía Paraná —un canal navegable por los ríos Paraguay, Paraná y algunos de sus afluentes— y una de las empresas que compiten por conseguirla es china, y tiene una reputación de malos tratos con la naturaleza.

“No maten al río”: las represas en el Río Santa Cruz

Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) comenzó a desarrollarse, con la financiación de China, el plan de construir mega represas hidroeléctricas en el río Santa Cruz, que nace en el escudo de Hielo Patagónico y cruza la provincia homónima hasta desembocar en el Atlántico. Un proyecto que resonaba hacía años.

Actualmente, están en fase de construcción, pero de manera lenta. El río tiene que ser desviado para ubicar las dos represas “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”, y después vuelto a encaminar, una maniobra complicada que aún no se hace.

Según ONG y activistas, la construcción de estas represas:

-Podría afectar a los glaciares, en la zona más extensa de estos gigantes de hielo en el país: el río al ser represado podría afectar a su naciente, el Lago Argentino (donde se encuentra el Parque Nacional Los Glaciares), que vería un impacto en su nivel del agua que oscilaría entre bajar y subir de manera extraordinaria en cualquier momento del año, según la demanda energética.

-Podría extinguir al ave macá tobiano, una especie endémica de Santa Cruz que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo y está en peligro

-Afecta a las comunidades de pueblos originarios que viven en la zona. Entre otras cosas, sus “enterratorios” —una especie de cementerios— quedarían bajo el agua.

-Podría haber una pérdida histórica ya que se inundaría la “bahía de los fósiles” e impediría la búsqueda de patrimonio paleontológico.

Además, varios activistas e investigadores de ONG declaran que las evaluaciones de impacto ambiental están mal hechas y son insuficientes. Algunos datos alarmantes sobre la poca confianza que inspiran los informes de impacto ambiental son:

- En 2020 hubo dos derrames de gasoil confirmados, aunque los vecinos sospechan que fueron más.

- Los datos presentados no son suficientes para garantizar la seguridad de los ecosistemas.

- La obra empezó sin haber consultado a las comunidades originarias afectadas, según lo exige el Convenio 169 de la OIT (la consulta no es vinculante).

- La energía generada por las mega represas se insertaría en el sistema interconectado nacional, no beneficiaría directamente a la provincia y, en el curso del transporte, se perdería mucha energía.

- En 2019, un talud que es la base para hacer la pared de una de las represas se agrietó y esta se tuvo que correr del margen derecho del río al margen izquierdo.

Gracias a un Recurso Extraordinario presentado por la organización Banco de Bosques, la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó en 2020 información complementaria a los organismos del Estado involucrados en la construcción —la Dirección de Parques Nacionales, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)— sobre el impacto ambiental que tendrían las represas. Aún estos informes no fueron entregados.

Sofía Nemenmann es una de las impulsoras del movimiento Río Santa Cruz Sin Represas, que ya lleva años en la lucha. “Creo fervientemente que esto no se va a hacer porque realmente no es un negocio desde ningún punto de vista. Yo no estoy apelando ni siquiera a la sensibilidad de quienes toman la decisión, porque veo que no es rentable económicamente. En otros países están sacando a las represas”, explicó a Carbono News, y enfatizó: “Como dice el líder de la comunidad mapuche-tehuelche Lof Fem Mapu, Sergio Nahuelquir, ‘el río se defiende solo’”.

María Marta Di Paola, directora de Investigación en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), dijo que “los estudios (de impacto ambiental) que se han presentado no son lo suficientemente concluyentes y bajo el principio precautorio la obra debería esperar”.

Además, se suma una complicación. En 2014, en la firma de la Asociación Estratégica Integral entre los dos países, Argentina consiguió un préstamo de China para la renovación total de las vías del Ferrocarril Belgrano Cargas. La investigadora explicó que el contrato de las represas de Santa Cruz contiene una cláusula “cross default” de cumplimientos cruzados. Es decir que, si se cancelara la obra de las represas, también lo haría el préstamo para los trenes. “Cuando hablamos de las represas hablamos de dos proyectos”, resumió la especialista.

Algo huele mal: megafactorías de cerdos

El acuerdo con China consiste en la instalación de 25 granjas productivas de aproximadamente 12.500 cerdas cada una, para abastecer a ese país de carne porcina, la más consumida allí. Según estima el Gobierno argentino, en cuatro años se llegaría a producir 900.000 toneladas anuales. Cada factoría sería encargada de procesar los granos para la alimentación de los cerdos, criarlos, llevarlos al matadero y, por último, el trabajo de envasado.

El tratado aún no fue firmado porque carecía de una evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, sin hacer informes ambientales ni consulta popular, firmó un convenio de cooperación con la empresa de capitales chino-argentinos Feng Tian Food para poner en marcha tres mega factorías en su provincia.

Las críticas a esta idea son muchas y provienen de distintos ámbitos: activistas, vecinos, científicos y abogados, entre otros, preocupados por la contaminación, destrucción a los territorios y enfermedades que generaría.

Guillermo Folguera, biólogo, investigador del CONICET y uno de los autores de “10 mitos y verdades de las megafactorías de cerdos”, dijo en entrevista con Carbono News que estas megafactorías generarían un “gran impacto socioambiental” como ya lo hicieron en otras partes del mundo, y enumeró: olores nauseabundos, expulsión de comunidades de su territorio, y poco trabajo.

Folguera considera que, en su lugar, el Estado debería invertir en los pequeños productores. En este sentido, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) presentó al Gobierno una propuesta alternativa de granjas porcinas sin venenos ni antibióticos, creando más puestos de trabajo, y criando la misma cantidad de animales que el proyecto original.

“Estamos en total desacuerdo con el trato que quieren llevar a cabo desde el Gobierno porque va a ser un golpe ambiental. Lleva a más soja, más concentración de tierras, más hambre, menos alimento, menos soberanía alimentaria. Entonces nosotros proponemos miles de granjas mixtas para producir tanto cerdos como frutas y verduras, y reutilizar el abono para la tierra. Aparte de esto, también significa producto nacional para abastecimiento local y fortalecer la economía. Todo esto llevaría a un sistema saludable para el país y el medio ambiente”, indicó a Carbono Erika Solís, miembro de de la UTT.

La propuesta de los trabajadores agrícolas que fue presentada al Gobierno no fue escuchada.

Biodiversidad en jaque: la hidrovía Paraná-Paraguay

La hidrovía es un corredor natural de más de 3400 km de largo que atraviesa los puertos de la Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Es una de las reservas hídricas más importantes del mundo por el caudal de los ríos que desaguan en ella, por su diversidad biológica y la riqueza de sus territorios.

Desde el menemismo (1989-1999 en Argentina), quien opera la “Cuenca del Plata” es una empresa belga, Jan de Nul, pero el 30 de abril de 2021 vence su concesión. Tras idas y vueltas entre estatizarla o dejarla en manos de algún privado, el Gobierno decidió finalmente volver a licitar su concesión, y ya se postularon cinco empresas: dos belgas (Dredging International y la que quiere renovar), dos holandesas (Boskalis y Van Oord) y una china, Shanghai Dredging, una subsidiaria de la China Communications Construction Company (CCCC) del Gobierno chino.

(Fernando Calzada)
(Fernando Calzada)

Lucas Micheloud es abogado y miembro de la Asociación Abogados Ambientalistas. Él explicó que la participación ciudadana y el cuidado de la cuenca deben ser primordiales a la hora de decidir sobre la concesión y el dragado que quieren hacerle al río para que ingresen buques de mayor tamaño para aumentar el comercio. “No se está cumpliendo con algo esencial que son los estudios de impacto ambiental”, detalló. Y agregó que le parece poco el tiempo que hay para que puedan hacer evaluaciones prudentes.

Los problemas que le podría generar a la hidrovía el dragado tienen que ver con el recurso hídrico. El abogado detalló:

-Contaminación: la remoción del fondo traería basura (hasta puede haber metales pesados) a las columnas de agua, y eso afectaría a los peces y la salud humana si contamina las plantas potabilizadoras

-Humedales: podrían secarse y eso daría lugar a que se incrementen los incendios y las especulaciones de negocios inmobiliarios y ganaderos.

-Biodiversidad: al destruirse el lecho barroso, que es el alimento del sábalo, se afectaría la cadena trófica del río y podría disminuir la fauna marina.

-Pesca: si hay menos peces se afectaría el trabajo de más de 9000 familias que viven de esa actividad.

Por estos motivos, desde la Asociación hicieron un pedido de acceso a la información pública en el Ministerio de Ambiente y reclamaron que esta cartera se involucre en el proyecto, y no dependa únicamente del Ministerio de Transporte.

Propusieron, durante el ciclo de exposiciones de la comisión de Ambiente del Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), que se conforme un Comité de Cuenca del Río Paraná que se encargue de llevar adelante todo el proceso de licitación, integrado por el CFH, organizaciones de la sociedad civil, ONG y universidades, con una participación “relevante y protagónica” del Ministerio de Ambiente, para que avance en las evaluaciones de impacto ambiental necesarias.

La Argentina es el único país de América Latina que no tiene una ley de impacto ambiental”, señaló la investigadora Di Paola. De todas formas, existe la obligación de hacer las evaluaciones, gracias a otras leyes ambientales, como la Ley General del Ambiente.

Sobre la empresa china que busca la licitación, Di Paola aseguró que “no tiene una buena historia ambiental en este tipo de construcciones”.

¿Es rentable ser el “granero del mundo”?

Di Paola sostuvo que el fin de todos estos proyectos es el mismo: la obtención de dólares para el pago de la deuda externa. “Este modelo de generación de divisas en la mera extracción de los recursos naturales repite un patrón de colonialismo por más de 100 años, desde que nos veíamos como el granero del mundo”, explicó.

En esta línea, Micheloud remarcó que hay una “falta de competitividad entre los productos” que exporta e importa el país y agregó que estas políticas generan más “desindustrialización” y “pocos empleos”.

“China es el segundo socio comercial, el tercer inversor y uno de los mayores prestamistas de latinoamérica”, contó el abogado, y sumó que en Argentina “los capitales chinos vienen a invertir principalmente en alimentos, materias primas y minerales, y todo a través de extractivismos que son totalmente degradantes del ambiente”.

También señaló que China tiene proyectos para la adquisición de tierras para el desarrollo agropecuario. “Hay un discurso desambientalizado”, resumió Micheloud.

En este sentido, explicó que estas iniciativas no logran inclusión social: “No hay justicia social si no hay justicia ambiental para las comunidades”.

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