El presidente Rodrigo Paz decidió este jueves cerrar el Ministerio de Justicia en medio de un escándalo por la designación del titular de esa cartera, quien había sido sentenciado en 2015 por delitos de cohecho y favorecimiento a la evasión.
La jornada fue confusa: en la mañana destituyó al ministro Freddy Vidovic y nombró en su lugar a Jorge Franz García Pinto, mediante un decreto, pero luego comunicó su decisión de cerrar definitivamente la cartera.
En una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, el presidente recordó que durante la campaña electoral había prometido eliminar el Ministerio de Justicia, al que consideraba “ministerio de la persecución” y que carecía de utilidad.
“Hoy estoy cumpliendo mi palabra (...) se acabó el ministerio de la persecución, se acabó el ministerio de la injusticia, se acabó el ministerio que era vender sentencias”, manifestó acompañado por el ministro que había designado para esa cartera horas antes en reemplazo de Vidovic.
“No habrá más persecución política en Bolivia, el Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien para que no vuelva el terrorismo de Estado”, agregó.
La disposición de cerrar la cartera generó posiciones encontradas. La decana del Tribunal Supremo de Justicia Rosmery Ruiz calificó como “histórica” la determinación y dijo que “se cierra el medio que ha sido utilizado para la injerencia dentro del Órgano Judicial”.
Al mismo tiempo, surgieron preocupaciones sobre la continuidad de las políticas que realizaba esa cartera de Estado. La Defensoría del Pueblo señaló a través de un comunicado que se pierde una entidad rectora para “la formulación de políticas públicas, la coordinación interinstitucional y la provisión de servicios esenciales para el ejercicio de los derechos humanos”.
En un editorial, el periódico boliviano El País explica que la misión del Ministerio de Justicia estaba enfocada en la gestión, planificación y política pública del sector justicia: administrar el presupuesto, impulsar la legislación de acceso, garantizar la infraestructura penitenciaria y liderar la lucha contra la corrupción administrativa, sin intervenir en la función jurisdiccional que es competencia exclusiva del Órgano Judicial.
“Dejar estas funciones únicamente en manos de los propios magistrados y jueces es permitir que el sistema se autorregule, lo cual ha demostrado ser un fracaso rotundo en la historia reciente de Bolivia”, señala el medio.
La primera crisis en el gabinete de Paz surgió cuando se conoció que el ahora exministro Vidovic, que fue abogado personal del vicepresidente Edmand Lara, había sido sentenciado a tres años de cárcel en 2015, dentro de un caso vinculado al empresario peruano Martín Belaunde, el exasesor de Ollanta Humala en Perú que buscó refugio en Bolivia cuando empezó con problemas judiciales.
Tanto el vicepresidente Lara como Vidovic señalaron que no cometió ningún delito y que fue forzado a declararse culpable dentro de un proceso abreviado “como única vía para recuperar la libertad y salvar la vida”.
Tras días de incertidumbre, el miércoles por la noche el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, dio una conferencia de prensa anunciando que la sentencia existía y que por lo tanto Vidovic tenía “sus derechos conculcados”, con lo que no estaba habilitado para ejercer ningún cargo público.
El jueves temprano se designó mediante decreto a García, que hace una semana era viceministro de Régimen Interior y Policía, para luego determinar el cierre definitivo de la cartera.
De por medio, Lara cuestionó en un video el nombramiento de García sobre quien dijo que pesan acusaciones de violencia de género.
Paz cerró una de las jornadas más controvertidas de su breve gestión intentando cambiar el foco de atención: anunció una Comisión de la Verdad enfocada en investigar denuncias de corrupción en el área de hidrocarburos.
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