La violencia alcanza a la niñez en Ecuador: récord de 305 menores asesinados en apenas seis meses

La crisis de seguridad que atraviesa Ecuador continúa dejando nuevas marcas en las estadísticas oficiales. Esta vez, las víctimas son los más jóvenes. Entre enero y junio de 2026 fueron asesinados 305 niños, niñas y adolescentes, la cifra más alta registrada para un primer semestre desde que el Observatorio de la Niñez, Adolescencia y Juventud lleva seguimiento de este tipo de violencia. El dato refleja que, mientras el país intenta contener la criminalidad asociada al narcotráfico y al crimen organizado, los menores de edad siguen expuestos a un escenario cada vez más letal.

El nuevo balance, publicado por Ecuavisa, confirma la continuidad de una tendencia que comenzó a hacerse evidente en los últimos años. Desde 2024, los homicidios se convirtieron en la principal causa de muerte de menores de edad en Ecuador, un cambio que rompió con décadas en las que las enfermedades, los accidentes de tránsito u otras causas ocupaban ese lugar. Lejos de revertirse, esa realidad se ha profundizado y alcanzó en 2026 su punto más alto.

Los investigadores del Observatorio sostienen que el incremento de los asesinatos de menores no puede entenderse de manera aislada, sino como parte de la transformación de la violencia criminal que vive el país. Las disputas entre organizaciones dedicadas al narcotráfico, la expansión de economías ilegales y el control de corredores estratégicos han aumentado la exposición de niños y adolescentes tanto como víctimas directas como indirectas de los enfrentamientos armados.

El informe identifica una marcada concentración geográfica de los homicidios. El 93,1 % de las muertes violentas de menores registradas durante el primer semestre ocurrió en provincias de la región Costa, donde también se ubican los principales puertos de exportación y varias de las rutas utilizadas por organizaciones criminales para el envío de cocaína hacia mercados internacionales.

Para Francisco Cevallos, investigador del Observatorio de la Niñez, Adolescencia y Juventud, esta coincidencia territorial no es casual. Según explica, la presencia de grupos delictivos organizados y las disputas por el control de actividades ilícitas incrementan el riesgo para la población infantil y adolescente que habita en esos territorios, según declaraciones recogidas por Ecuavisa.

El deterioro de las condiciones de seguridad también se refleja en otro indicador que preocupa a las organizaciones dedicadas a la protección de la infancia. Durante los primeros seis meses del año fueron aprehendidos 1.697 adolescentes por distintos delitos, una cifra que ya supera los 1.366 casos registrados durante todo 2025.

Especialistas consideran que este incremento evidencia una mayor capacidad de las organizaciones criminales para incorporar adolescentes a sus estructuras. En muchos casos, los menores son captados para cumplir funciones de vigilancia, transporte de droga, cobro de extorsiones o ejecución de asesinatos, aprovechando tanto las condiciones de vulnerabilidad social como el régimen especial que rige para adolescentes en conflicto con la ley.

La combinación entre un mayor reclutamiento y el incremento de homicidios plantea un doble desafío para las autoridades. Por un lado, aumenta el número de menores involucrados en actividades criminales; por otro, crece la cantidad de niños y adolescentes que terminan asesinados en contextos de violencia relacionados con esas mismas organizaciones.

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 21 de julio en la parroquia Pimocha, perteneciente al cantón Babahoyo. Una adolescente de 14 años fue atacada a tiros mientras caminaba junto a su hermana después de salir del colegio. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron a las jóvenes y uno de ellos disparó contra la menor, quien falleció en el lugar. La hermana sobrevivió al ataque y las primeras investigaciones descartaron el robo como móvil, por lo que las autoridades analizan otras hipótesis sobre el crimen.

El Observatorio sostiene que enfrentar esta problemática requiere una estrategia que vaya más allá del ámbito policial. Entre las recomendaciones planteadas figuran el fortalecimiento de los sistemas de protección integral, el acceso a educación y programas sociales, la recuperación de espacios seguros para la infancia y políticas específicas orientadas a impedir que niños y adolescentes sean captados por organizaciones criminales.