Citan a ex autoridades bolivianas por el presunto tráfico de influencias que involucra a Rodríguez Zapatero

La Fiscalía de Bolivia convocó a declarar a cinco exautoridades involucradas en la investigación por un presunto tráfico de influencias relacionada con el exjefe del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero y el litigio de dos empresas cementeras en el país entre 2024 y 2025.

Las citaciones emitidas por el fiscal de materia, Ángel Mario Guzmán, están dirigidas al exministro de Justicia, César Siles; al exministro de Economía, Marcelo Montenegro; al exprocurador general del Estado, Ricardo Tola; a la exjefa de Gabinete del Consejo de Ministros, Fabiola Salazar y a la exembajadora de Bolivia en España, María del Carmen Almendras.

De acuerdo con los medios locales, Siles, Montenegro, Tola y Salazar deberán prestar su declaración informativa en la Fiscalía Departamental de La Paz dentro de las 72 horas hábiles posteriores a su notificación. En tanto, en el caso de la exembajadora Almendras, el plazo fijado es de 48 horas.

Las citaciones son parte del proceso que investiga una presunta red de tráfico de influencias luego de que una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía de España, encontrara indicios de influencia del expresidente español sobre un fallo que favoreció a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), que pertenece al Grupo Gloria, de Perú, y que debía pagar 107 millones de dólares a la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), de Bolivia, por un litigio de competencia desleal.

Según el informe de UDEF, Rodríguez Zapatero habría recibido 200 mil euros, mediante un contrato de consultoría firmado con la empresa peruana Focus Social Research entre 2024 y 2025, a cambio de mediar con autoridades bolivianas para favorecer al Grupo Gloria con el fallo judicial que finalmente lo eximió del pago. Según la hipótesis de los investigadores, ese contrato habría servido para ocultar pagos destinados a remunerar gestiones realizadas en favor del conglomerado peruano.

Sin embargo, fuentes del entorno del exmandatario español rechazaron las acusaciones y sostuvieron que el pago realizado correspondía a una consultoría legal, mientras el caso continúa en investigación por una impugnación presentada ante el Tribunal Constitucional boliviano y no existe una resolución judicial definitiva.

El caso involucra a altos exfuncionarios de Bolivia e incluso al expresidente Luis Arce, en cuyo gobierno (2020-2015) se desarrolló el litigio. En un comunicado público, el exmandatario -que guarda prisión preventiva por un presunto caso de corrupción durante su gestión como ministro de Economía- señaló que su relación con Rodríguez Zapatero fue “institucional y política” y descartó nexos con el caso que se investiga. En tanto, la exembajadora Almendras se declaró “ajena” a los hechos investigados en una declaración recogida por el portal Brújula Digital.

A inicios de julio, el procurador general del Estado, Hugo César León, informó que la investigación fue declarada en reserva para evitar que el caso derive en un litigio internacional. “Se ha declarado en reserva porque es un caso que tiene una alta probabilidad de entrar a litigación internacional a través de un arbitraje y mal podríamos estar dando elementos que después puedan ser utilizados en contra de los intereses del Estado”, afirmó ante la presnsa local luego de la presentación de un informe en la Cámara de Diputados.