Violencia contra docentes en Ecuador llegó a la agenda internacional tras el asesinato de dos profesoras

La ola de violencia que ha alcanzado a los docentes en Ecuador comenzó a trascender las fronteras del país. Los asesinatos de las profesoras Isabel Carchi y Adriana Sáenz motivaron un pronunciamiento de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL), que expresó su solidaridad con el magisterio ecuatoriano, exigió investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los crímenes y alertó sobre el impacto que la inseguridad tiene en el ejercicio de la docencia.

El pronunciamiento fue emitido por el Comité Regional de la IEAL, la representación latinoamericana de la Internacional de la Educación, una federación sindical que reúne a organizaciones de docentes y trabajadores del sector educativo de más de 170 países. En su declaración, el organismo sostuvo que los asesinatos representan un ataque contra quienes ejercen la profesión docente y manifestó su respaldo a las familias de las víctimas, a sus colegas y a la Unión Nacional de Educadores (UNE).

La organización también instó a las autoridades ecuatorianas a garantizar investigaciones diligentes, transparentes y eficaces que permitan identificar y sancionar a los responsables de ambos homicidios. Además, hizo un llamado para que el Estado adopte medidas que garanticen condiciones seguras para quienes trabajan en el sistema educativo, al considerar que la violencia contra los maestros afecta directamente el derecho de niños y adolescentes a recibir educación en entornos protegidos.

La reacción internacional se produjo en un momento en que el gremio docente denuncia un deterioro de las condiciones de seguridad en varias provincias del país. La UNE sostiene que los asesinatos de profesores se han sumado a una serie de amenazas, extorsiones y actos de intimidación atribuidos a estructuras delictivas que operan en distintos territorios, especialmente en zonas donde la criminalidad organizada ha incrementado su presencia.

Uno de los casos que originó el pronunciamiento fue el asesinato de Adriana Sáenz, profesora de educación física, ocurrido el 1 de julio de 2026 en el sector de La Roldós, en el norte de Quito. La docente fue atacada cuando salía de su vivienda para dirigirse a su lugar de trabajo. De acuerdo con la información difundida durante la investigación, los agresores habrían utilizado el pretexto de entregarle un ramo de flores antes de dispararle. El crimen ocurrió pocos días antes de que concluyera el año lectivo en el régimen Sierra y Amazonía.

El comunicado internacional también recordó el asesinato de Isabel Carchi, otro hecho que incrementó la preocupación del gremio por la seguridad de los docentes. Aunque las investigaciones sobre ambos casos continúan, la organización regional sostuvo que estos hechos reflejan un contexto que exige respuestas institucionales para proteger a quienes desarrollan actividades educativas.

Las denuncias de la UNE apuntan a que la violencia contra los maestros no se limita a los homicidios. El sindicato asegura que entre 2025 y julio de 2026 al menos diez docentes fueron asesinados en el país y que cientos de profesores han reportado amenazas o intentos de extorsión. Según la organización, los casos se concentran principalmente en la Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, aunque también se han registrado situaciones similares en otras provincias.

Desde el Ministerio de Educación se ha reconocido la existencia de docentes que enfrentan amenazas relacionadas con la actividad de grupos criminales. Autoridades de esa cartera de Estado han señalado que se han aplicado medidas de protección y traslados en algunos casos, aunque no han confirmado las cifras difundidas por la organización sindical. El gremio, por su parte, insiste en que las acciones implementadas resultan insuficientes frente al nivel de riesgo que enfrentan numerosos profesores.

Entre las principales demandas planteadas por la UNE figuran la creación de protocolos nacionales de seguridad para docentes, mecanismos confidenciales para denunciar extorsiones, procedimientos ágiles de reubicación cuando exista riesgo para la integridad de un profesor y una mayor coordinación entre el Ministerio de Educación, la Policía Nacional y la Fiscalía para prevenir nuevos ataques.