HRW reveló que la fiscal asesinada en Manta había advertido sobre los riesgos de investigar al crimen organizado

El asesinato de la fiscal Gloria Alexandra Bravo Cedeño en Manta generó una reacción internacional luego de que Human Rights Watch (HRW) revelara que la funcionaria había expresado temor por su seguridad apenas semanas antes de ser atacada. La organización de derechos humanos informó que en mayo de 2026 una de sus investigadoras conversó con Bravo sobre varias de las causas que llevaba adelante y que, durante ese encuentro, la fiscal describió los riesgos que enfrentaban quienes investigaban al crimen organizado en Ecuador.

La declaración fue difundida por HRW dos días después del crimen ocurrido el 14 de junio en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. Según la Fiscalía General del Estado, Bravo fue asesinada junto a su hermana, Olinda Emperatriz Bravo Cedeño, en un ataque armado perpetrado cuando ambas se encontraban en el sector de la avenida Flavio Reyes, una de las zonas más concurridas de la ciudad costera.

Human Rights Watch señaló que la fiscal participaba en investigaciones relacionadas con homicidios, secuestros y delincuencia organizada, además de casos vinculados a recientes ataques con drones contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas en el océano Pacífico. La organización explicó que también desarrolla una investigación propia sobre esos hechos y que, en ese contexto, mantuvo contacto con Bravo semanas antes de su muerte.

De acuerdo con el pronunciamiento, la fiscal manifestó a una investigadora de HRW que ejercer sus funciones en el contexto actual de violencia criminal implicaba una amenaza constante. La organización citó una frase pronunciada por la funcionaria durante aquella conversación: “Ser fiscal, en este contexto de crimen organizado, es muy difícil. El peligro está presente siempre”.

La revelación añadió un nuevo elemento al caso, que es investigado por las autoridades ecuatorianas. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas por el asesinato ni ha señalado públicamente una hipótesis definitiva sobre los responsables. Sin embargo, la institución sostuvo en un comunicado emitido tras el ataque que el crimen podría estar relacionado con las labores que desarrollaba la fiscal dentro de la lucha contra estructuras criminales.

Las autoridades también indicaron que las primeras investigaciones apuntan a que Bravo habría sido el objetivo principal de los atacantes. La funcionaria desempeñaba sus labores en Manabí, una provincia que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales escenarios de la disputa entre organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico y otras economías ilegales.

Human Rights Watch destacó que Bravo es la tercera fiscal asesinada en Manta desde 2022. Antes fueron víctimas de ataques armados los fiscales Luz Marina Delgado y Marcelo Vásconez. La organización recordó además que la violencia contra operadores de justicia se ha intensificado en distintas zonas del país.

Entre los casos recientes mencionó el asesinato de la jueza Lady Pachar, ocurrido en Machala en mayo de este año, así como la muerte de dos funcionarios de la Fiscalía registrada ese mismo mes. Para la organización, estos hechos reflejan los riesgos que enfrentan quienes participan en investigaciones relacionadas con el crimen organizado.

HRW citó cifras del Observatorio de Derechos y Justicia según las cuales al menos 26 operadores judiciales han sido asesinados en Ecuador desde 2020. La cifra incluye jueces, fiscales y otros funcionarios vinculados al sistema de administración de justicia.

Tras conocerse el asesinato de Bravo, la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, pidió a las autoridades ecuatorianas garantizar una investigación rápida, exhaustiva e independiente para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.

La organización también exhortó al Gobierno del presidente Daniel Noboa a reforzar los mecanismos de protección para fiscales, jueces y funcionarios judiciales que trabajan en causas relacionadas con organizaciones criminales. Según HRW, muchos de ellos continúan desempeñando sus funciones sin vehículos blindados, equipos de seguridad especializados o recursos suficientes para enfrentar investigaciones complejas.