El Gobierno de Bolivia y la Central Obrera crean una comisión pero se mantienen los bloqueos

Las negociaciones entre el Gobierno de Rodrigo Paz y los dirigentes sindicales que lideran las protestas sociales en Bolivia entraron en un cuarto intermedio este miércoles tras una reunión que duró poco más de dos horas.

A 42 días de los bloqueos de carreteras que han paralizado el país, el primer encuentro de “diálogo” cerró con la conformación de una comisión jurídica para evaluar la situación de los manifestantes detenidos en medio de las protestas.

“No podemos dialogar con nuestros compañeros detenidos”, condicionó el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, en una rueda de prensa al concluir el encuentro realizado en el Banco Central de Bolivia, en La Paz, con participación del presidente y ocho ministros de su gabinete.

El dirigente informó que se está conformando una comisión que incluirá miembros de la organización sindical y del Estado “para que se pongan a trabajar de manera inmediata en este camino”. Argollo señaló que hasta que no existan avances concretos en ese sentido, las medidas de presión van a continuar.

“Mantenemos las medidas y siempre vamos a ser leales con la población y con nuestras bases, y en especial con los compañeros que en este momento están en celdas policiales y también por la persecución política que ha existido”, afirmó.

Según datos presentados por la Defensoría del Pueblo, hasta el 15 de junio se habían detenido a 365 personas durante operativos de desbloqueo de carreteras, de las cuales 247 fueron liberadas y 103 imputadas.

Bolivia atraviesa un periodo de alta conflictividad social desde inicios de mayo, cuando confluyeron protestas de varias organizaciones sindicales y campesinas. Lo que comenzó con reclamos sectoriales de aumento salarial y otras demandas, luego se tradujo en pedidos de renuncia contra el presidente Paz, a quien acusan de traición por gobernar en contra de sus intereses e incumplir promesas de campaña.

Este miércoles se cumplieron seis semanas consecutivas de bloqueos en varias regiones del país y aunque los piquetes se han reducido a casi la mitad en comparación con las semanas anteriores, gran parte del país permanece paralizada: la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reporta al menos 42 piquetes en cinco de los nueve departamentos este jueves.

La semana pasada dos de las organizaciones que impulsan las protestas -la COB y la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari- flexibilizaron su posición y determinaron dialogar con el Gobierno en base a listados ambiciosos de demandas que incluyen la liberación de los detenidos, la abrogación de decretos que consideran inconstitucionales y el cumplimiento de promesas electorales, entre otros puntos.

Si bien estos planteamientos abren una vía de pacificación y diálogo con estas dos organizaciones, todavía queda un frente abierto para el Gobierno: los cocaleros del bastión político del expresidente Evo Morales (2006-2019) que han descartado su repliegue y ratificado la continuidad de las protestas. “A partir de mañana masificamos nuestros puntos de bloqueo, (hemos decidido) no rendirnos, no arrodillarnos, no retroceder ni un milímetro”, afirmó el dirigente Isidro Auca en una conferencia de prensa el martes.

Los cocaleros demandan la renuncia del presidente y denuncian un plan para detener a su líder político, sobre quien pesa una orden de captura por un caso de trata agravada de menores. “No se atrevan a intervenir el Trópico de Cochabamba o atacar a nuestro hermano Evo Morales”, advirtió Auca.

En tanto se reanudan las negociaciones con la COB y se concreten acercamientos con otros sectores, la incertidumbre y las pérdidas económicas se profundizan en Bolivia.